WTwodos los indicios apuntan a que el Gobierno español se dispone a afrontar el complejo proceso que debe acabar con la violencia en Euskadi. El arranque debe fijarlo ETA porque, por encima de cualquier otro requisito, es ineludible que renuncie sin reservas a la violencia y anuncie que deja las armas. Si los terroristas dan ese paso, Rodríguez Zapatero podría acudir al Parlamento para que le ratifique la autorización a negociar que la Cámara, con aquella condición previa, aprobó en mayo. El presidente se vinculó a esa resolución como la mejor para legitimar esta operación de Estado.
La supeditación de los planteamientos de ETA a la vía política puede abrir paso a la constitución de una mesa de partidos vascos para debatir el futuro político de Euskadi. En ese contexto, el Gobierno podría abordar el problema de los presos etarras, un tema vital para consolidar la pacificación. Las instituciones están obligadas a utilizar todos esos resortes sin violentar la ley ni ofender la memoria de las víctimas, pero con flexibilidad. Para eso, será necesaria cierta unidad de todas las fuerzas políticas democráticas. Esperemos que si llega ese momento histórico después de que ETA renuncie a la violencia, el PP sepa estar a la altura.
