Planes públicos de empleo y planes de empleo público, que no es lo mismo. De eso se ha hablado esta semana en la Asamblea de Extremadura con motivo de una comparecencia de la consejera de Empleo Esther Gutiérrez. El trabajo, la falta de él o la oferta de unas colocaciones poco duraderas y precarias en salario y derechos pero exigentes en obligaciones, es una preocupación que llega al 72% de los extremeños.

Sin duda ocupa en su bagaje personal de problemas bastante más que la moción de censura en Badajoz, aunque esto último motive más a políticos y periodistas. Seguramente por ésto hayan pasado desapercibidos los datos que dio la consejera respecto a lo ocurrido en los últimos años respecto a la inversión pública en Extremadura, tanto la directa por ejemplo en obra civil, como los fondos sociales y laborales para combatir el desempleo y su entorno en la región que ha vuelto a tener la tasa nacional más alta de paro.

Entre los años 2011 y 2015 la inversión pública estatal, con datos de la patronal Seopan, asociación de empresas constructoras y concesionarias, se redujo en la Comunidad un 21% mientras en la media del resto de comunidades aumentó un 50%; internamente la licitación de la Administración autonómica retrocedió además un 42%.

Hay según otros datos que se manejaron 50.000 ocupados, personas trabajando, menos que al comienzo de la crisis,y la mayoría pertenecen al sector de la construcción. Este último y a diferencia de otras comunidades no ha vivido preferentemente de la edificación, de levantar viviendas que eso se deja a otras zonas más turísticas, sino de la obra civil, es lo que la crisis de inversión, sin compensación en la acción pública, prácticamente ha aniquilado.

No nos podemos engañar puesto que el único tejido productivo autóctono extremeño está ligado a la agricultura, y solo --además de la sempiterna Administración--, nunca ningún poder público español nos dotó de recursos extraordinarios, como una fábrica de automóviles que también se ha citado en el debate parlamentario.

Han sido sin embargo las políticas públicas nacionales y europeas las que han sostenido en gran modo el tejido económico privado; constructoras, e industrias auxiliares del ladrillo y cerámica, siderurgia, cemento, estructuras metálicas...

Recordemos las políticas de ampliación y modernización de la red regional de carreteras en los años 80, una de las más alabadas entonces por la población; la construcción de una red de hospitales y centros de salud, o la de un conjunto de dotaciones educativas en forma de facultades universitarias, institutos de secundaria y colegios de primaria; o las autovías, cuya red estatal se paró y solo vivió luego una pequeña prolongación autonómica.

A nadie le gustan en sí los planes de empleo público, aunque habría que preguntarles a sus beneficiarios que así reciben ingresos y cotizan, y todos preferimos los planes públicos de empleo que al fin y al cabo es, valga el ejemplo, los miles de millones gastados en los AVE a Galicia.

Pero ¿dónde están? Ni planes públicos de empleo en forma de inversiones --autovías a Levante o Granada, o lo más deficitario aún el ferrocarril-- ni actitud pública de fomentar lo privado como es esa licencia ambiental para la mina Aguablanca que por tercera vez, incluido también el PP regional, se ha pedido desde la Asamblea de Extremadura.

Habrá un plan público de empleo, con incidencia de varias formas en la población laboral y la empresa, acordado con el Gobierno central, confían en la Junta de Extremadura. La consejera del ramo ya ha dicho que avanza en involucrar en él a la empresa privada. Cuanto antes, por favor, para que los intereses electorales de cara a 2019 no lo impidan.

*Periodista.