TStin olvidarse de la trama Gürtel-Correa, ni del futuro político de Camps-Rajoy , agosto avanza sin excesivos asuntos novedosos, pero recurriendo una y otra vez a los de siempre: el insólito Gobierno vasco, PSE con apoyo externo del PP, que empieza a plantearse cómo desarrollar o completar los contenidos del Estatuto de Guernica; las sorprendentes acusaciones del PP, por boca de Cospedal, Arenas, Mato y Trillo , de que se emplea al Estado para combatir y destruir al primer partido de la oposición mediante el uso de escuchas telefónicas ilegales, las escuchas y espionaje de altos cargos de la Comunidad de Madrid, el nuevo informe sobre la tragedia de Spanair en Barajas, al cumplirse un año de aquella confluencia de errores profesionales y desprogramaciones de los fabricantes del aparato... Y en fin, las nuevas presiones que aparecen ante la que, vuelve a sospecharse, tendría que ser inminente sentencia del Constitucional sobre el Estatut catalán. Con unas pocas horas de diferencia, han intervenido sobre este asunto pendiente , muy pendiente, tanto el ministro Caamaño como el vicepresidente de la Comunidad catalana, Joseph Lluis Carod . El primero, expresó su propia zozobra ante la tardanza de este concreto, y trascendente, trámite del TC. Caamaño conoce bien el texto, en cuya elaboración final --aquel "cepillado" del que habló Guerra -- participó, y no vislumbra eventuales complicaciones. Pero es evidente que las ha habido y las sigue habiendo, de otro modo, no se habrían tardado tres años de debates, deliberaciones y elaboración de textos alternativos y sentencias interpretativas.
