La posibilidad de que la mitad de los jueces titulares de nuestra región puedan ser sancionados por asistir a la reunión celebrada el pasado 21 de noviembre en Badajoz, y en la que se decidió ir a la huelga en febrero, es una muestra de la irritación con la que el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) ha encarado la citada convocatoria, ya decidida por los jueces extremeños y murcianos y pendiente de que se decida en el resto de comunidades. Si el asunto acaba en sanción, estaríamos ante un castigo insólito.
A tenor de las manifestaciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Julio Márquez de Prado, el CGPJ, es decir el gobierno de los jueces, está dispuesto a contraatacar y a no dejar pasar ni una a los díscolos, en primer lugar, pidiéndoles explicaciones de por qué no informaron de la convocatoria de la citada reunión al presidente del TSJEx, como es preceptivo; en segundo lugar, averiguando si, como consecuencia de esa reunión, hubo asuntos retrasados o juicios suspendidos. El TSJ está en su derecho y hace bien porque tiene la obligación de defender el normal funcionamiento de juzgados y tribunales. Pero acallar la protesta con medidas reglamentarias no atajará el problema, y el plan de modernización anunciado es, hasta ahora, una mera declaración de intenciones.
