El ministro del Interior, Angel Acebes, ha reconocido que en 1998, meses antes del asesinato de Rocío Wanninkhof y cinco años antes de la muerte de Sonia Carabantes, la policía del Reino Unido advirtió a la española de los antecedentes por delitos de violencia sexual del hoy asesino confeso Anthony King. Es cierto que Gran Bretaña no pidió su detención ni su extradición, pero esta información fue ignorada y no se utilizó en las investigaciones que emprendieron la Guardia Civil y la policía de Málaga tras el crimen de Wanninkhof. Este fallo de los mecanismos de información y documentación españoles es un eslabón más en la cadena de errores policiales y judiciales que han permitido que ahora hablemos de dos muertes, y no de una.
No existe un fichero europeo que recoja los antecedentes de delincuentes condenados por los delitos que son más susceptibles de reincidencia, como los sexuales. Si esta base de datos hubiese estado a disposición de la policía, se habría podido seguir con más facilidad el rastro que llevaba del estrangulador de Halloway al camarero de Alhaurín de la Torre. Pero aun así, la información transmitida debería haber sido suficiente para investigar al sospechoso hace ya cuatro años.
