WLwos ayuntamientos extremeños están recelosos de que tengan que convertirse en los policías para observar el cumplimiento y, sobre todo, sancionar si se viola, la ley que persigue el consumo de tabaco en centros de trabajo, centros oficiales y en algunos establecimientos de hostelería. La Junta está elaborando un decreto que contempla, según el director general de Consumo y Salud Comunitaria, Pedro García Ramos , "adjudicar competencias a determinados órganos", lo que para los consistorios significa que desde la Administración regional se pretende adjudicarles la obligación de perseguir las infracciones a la ley antitabaco. Y, en principio, no están dispuestos. Esgrimen varias razones: que muchos ayuntamientos no disponen de medios para hacer esa labor inspectora, según el presidente de Fempex, el socialista José Muñoz ; y que las otras administraciones endosan a los municipios aquellas competencias que no les interesan, según el vicepresidente de Fempex, el popular Pedro Acedo . El decreto está en fase de elaboración y, por tanto, es impensable que Junta y municipios no se reúnan para discutir sobre la posición de cada parte en relación a la ley antitabaco. Es lo que procede, porque de lo contrario estaríamos ante una imposición.
