Lo que los ciudadanos intuíamos de que esta crisis ha sido provocada y que no es fruto del azar histórico, lo confirman las reflexiones que realizan los economistas, los filósofos, los intelectuales y los dirigentes políticos internacionales: la crisis nace y se desarrolla por el afán incontrolado de beneficios de los poderosos, bancos y grupos financieros, y por intereses radicalmente divorciados de las necesidades de financiación de las actividades productivas que crean riqueza y empleo.
A pesar del origen de la situación provocada, a los gobiernos no les queda más remedio que intentar contrarrestar los efectos de la crisis con políticas que, aunque no lo parezcan, indudablemente, tienen un marcado carácter ideológico; las políticas que aplican los gobiernos progresistas no son las mismas que las de los gobiernos conservadores.
En nuestro país, el Partido Socialista está poniendo en marcha políticas con un elevado acento social, con objetivos claramente delimitados por las necesidades de los trabajadores y los sectores sociales más débiles. Hay frenar la ola del desempleo, evitar el cierre de empresas, y en general, que no disminuya el consumo ni la actividad económica. Buen ejemplo de todo ello son los miles de euros que procedentes del gobierno de Rodríguez Zapatero se van a poner en manos de los ayuntamientos, que además, promovidos y financiados por la comunidad autónoma, las diputaciones provinciales y las entidades locales van a ejecutar obras destinadas a la mejora de los servicios públicos y las infraestructuras municipales. A todo esto, hay que añadir el conjunto de medidas políticas y financieras que el Gobierno de España está articulando para que el sistema bancario recupere la confianza y vuelva a circular el dinero. Lo que no sabemos es hasta qué punto las entidades bancarias están utilizando o van a utilizar los dineros públicos para dedicarlos a apoyar a las empresas y particulares o van a tener finalidades balsámicas para satisfacer sus cuentas de resultados.
No cabe duda que el esfuerzo extra y coyuntural que está haciendo el Estado debe evitar que la sociedad en su conjunto, y especialmente los sectores sociales más débiles sean machacados por los desajustes del mecanismo capitalista. Pero a su vez, también, es el momento para establecer y profundizar en las bases políticas que propicien una mayor intervención del Estado en la economía, entre otras cosas, para dejar atrás el neoliberalismo y para que el fundamentalismo de mercado sea definitivamente derrotado.
XLAS MEDIDASx puestas en marcha por el Estado deben tener su correlativo paralelismo político y económico en una mayor implicación, participación y control de él mismo y de la sociedad civil en los grupos e instituciones que controlan la economía, regional, nacional y mundial, grupos que en definitiva van a llevarse la mayor parte de los fondos públicos utilizados para arreglar los desperfectos por ellos originados.
Es el momento de imposiciones que graven los ingresos de capital, por encima de ciertas cantidades, y los beneficios extras de los especuladores y de empresas del sector financiero que han hecho enormes beneficios a costa de los trabajadores y capas sociales populares. Al menos para que no nos resulte difícil comprender cómo es posible que hayamos llegado a una situación de contracción del crédito bancario, si hasta hace poco tiempo, la Banca española obtenía enormes beneficios y rebosaba liquidez y confianza hasta por las costuras.
No hay dudas de que la mejor forma de asegurar que el capital público se utilice para financiar actividades productivas, el comercio y el consumo, es disponer de bancas públicas, que las teníamos en este país y que fueron privatizadas por los defensores del fundamentalismo de mercado. Por cierto, ahora que tanto se habla sobre la fusión de las cajas de ahorro, no nos vendría mal una banca pública en manos del Estado, poderosa, sin fines de lucro, destinada a la financiación estable de actividades comerciales y productivas de empresarios y particulares.
Avanzar hacia una sociedad más justa implica que los gobiernos acaben con los rincones opacos en donde según los expertos se esconden cantidades sin límites de dinero contante y sonante, en su mayoría dinero negro procedente de negocios oscuros, del terrorismo, del blanqueo de la droga, etcétera.
En definitiva, creo que el sobre-esfuerzo con cargo al gasto público para frenar una crisis de la que la mayoría de la sociedad no es responsable, conlleva obligatoriamente unos pasos en el camino de una mayor intervención política de los ciudadanos y ciudadanas en la economía, con el objetivo claro de avanzar hacia una sociedad con mayores espacios de democracia política, económica y social.
*Secretario Local del PSOEde Villafranca de los Barros.
