Presidente del Colegio de Diplomados en Trabajo Social
Durante estos últimos meses hemos venido oyendo las promesas que los distintos partidos políticos ofertan. En lo que se refiere a bienestar social, es un concepto que cada uno ha manejado a su manera, cayendo en reduccionismos y mezclando ideas que generan confusión. Así se ha hablado de pensiones, de residencias para mayores, del tren de alta velocidad, de mejores carreteras... todo ello dentro de la idea de bienestar social, lo cual es confundir gasto social con gasto público.
El gasto social se refiere a los seis sistemas de bienestar social (sanidad, educación, pensiones, servicios sociales, empleo, vivienda) que son, en opinión de muchos, los pilares (sobre todo los cuatro primeros) de un modo de vida digno, siendo los poderes públicos quienes deben organizarlos y garantizarlos como derechos subjetivos.
Si nos centramos en el llamado cuarto pilar: los servicios sociales (tanto los servicios sociales especializados como los de base o comunitarios), la confusión a la que antes aludíamos ha sido aún mayor. Si toca hablar de minusválidos se les garantiza que se acometerá un plan para eliminar barreras arquitectónicas (cosa que aplaudimos); si se trata del maltrato de género se intentarán poner en marcha medidas paliativas (prestación económica a mujeres maltratadas); si el público que escucha son los ancianos inmediatamente aluden al incremento de las pensiones, a las residencias (en España deben crearse 200.000 plazas más para llegar a la media europea), a la ayuda a domicilio (sólo cubrimos el 2%, frente a la media europea que es de 4,5%); si el discurso se refiere a los servicios sociales de base el mensaje es que se está haciendo un esfuerzo económico importante para mantenerlos... y así podríamos seguir con todos y cada uno de los sectores que componen los servicios sociales: mujer, ancianos, menores, minusválidos, exclusión social...
Lo que no hemos oído es la intención de crear la base o soporte que garantice el Sistema Público de Servicios Sociales. Nos referimos a una Ley Marco de Servicios Sociales que establezca que la prestación de los servicios de asistencia social es un derecho subjetivo y exigible por los ciudadanos en pie de igualdad con la sanidad y la educación y con carácter universal para quienes los precisen . Ya sabemos que tenemos nuestra Ley de Servicios Sociales, pero no llega más allá de una declaración y definición de lo que son los servicios sociales, no mencionando en ningún momento el carácter de derecho exigible y menos aún no articula una organización territorial de los servicios en un mapa de servicios sociales con sus áreas, distritos y zonas básicas de servicios sociales.
Hay un buen ejemplo a imitar, la Ley de Servicios Sociales de Asturias, que sí recoge todas estas carencias antes citadas, garantizando la creación del mapa de servicios sociales en un plazo de ocho meses desde la entrada en vigor de la ley, y en un plazo de dos años, la aprobación del Catálogo de Prestaciones donde se distinguirán las fundamentales, es decir, las exigibles como derecho subjetivo.
Los trabajadores sociales han venido planteando hace tiempo la creación de una Ley Marco de Servicios Sociales para todo el territorio nacional (respetando las competencias de las comunidades) que recoja las prestaciones básicas exigibles como derecho subjetivo por los ciudadanos que las precisen.
Si esto se consigue, los servicios sociales en Extremadura (como en otras autonomías) empezarán a sacudirse esa capa de graciabilidad y precariedad que hasta el momento les caracteriza.
