WEwl vicepresidente Pedro Solbes, que siempre ha mostrado una cierta distancia frente a algunas iniciativas del Gobierno en materia económica, está viviendo un tenso final de legislatura. Casi permanentemente instalado en la ortodoxia, el máximo responsable del área económica ha tratado de frenar o de rebajar varias iniciativas sociales que el Ejecutivo socialista ha anunciado en las últimas semanas dentro de la ofensiva social con la que Rodríguez Zapatero pretende asegurarse la mayoría en las elecciones legislativas del próximo mes de marzo.

Solbes ya se mostró reticente con la medida anunciada por sorpresa por el presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación del pasado 3 de julio de conceder una ayuda lineal de 2.500 euros por hijo recién nacido. Más tarde mostró sus reparos al plan de ayudas a la vivienda presentado a bombo y platillo por la Junta de Andalucía --"no soy partidario de otorgar derechos para toda la vida que luego hay que pagarlos", dijo-- y aplaudido por la ministra de Vivienda Carme Chacón. Y el último episodio de desencuentros ha sido cuando, esta semana, ha puesto pegas a la propuesta del ministro de Sanidad, Bernat Soria, para que los niños de 7 a 15 años reciban gratis la atención a su salud dental, un derecho que ya tienen los niños extremeños desde el año 2005.

Sin embargo, en todas las ocasiones sus reparos han caído en saco roto. Tanto el presidente como la vicepresidenta Fernández de la Vega han reiterado en repetidas ocasiones que el proyecto de Soria se llevará a cabo, de acuerdo con las comunidades autónomas que tienen competencias en el área sanitaria. Zapatero intenta que esa desautorización a su eficaz vicepresidente económico no sea percibida como tal por la opinión pública. Pero las tensiones en el interior del Gobierno resultan evidentes.

Es comprensible que Solbes, en cuyo haber está que indiscutiblemente puede presentar un impecable balance de las cuentas públicas, no quiera comprometer los presupuestos del futuro con gastos sociales irreversibles. Pero va siendo hora de que la bonanza económica, que repercute en el superávit del Estado, y de que las previsiones sitúan a España entre los países con mayor potencial de crecimiento, revierta en medidas sociales que benefician a quienes más lo necesitan. El Gobierno tiene margen para tomar algunas medidas en el terreno del gasto social, en un momento en el que la macroeconomía presenta unos resultados brillantes, mientras las economías familiares se enfrentan a nuevas estrecheces. Dicho esto, conviene también que los planes de los ministerios sean planteados con transparencia, con los números bien hechos y sin improvisaciones de tono electoralista. Algo de eso se percibió en el anuncio de las ayudas a las familias con recién nacidos. Pero todo indica que la propuesta de Soria es rigurosa y que llega en un momento adecuado, tras un relevo ministerial para impulsar la acción del Ejecutivo y cuando arrecian las demandas sociales.