WSwi ya cuesta llamar la atención sobre la gravedad de que en un fin de semana mueran 20 personas en las carreteras españolas, todavía es peor que se diga, reiteradamente, que cada día hay tres personas que van a trabajar y no regresan a casa porque han tenido un accidente mortal, y tampoco surta efecto. Es la estadística fija, con pequeñas oscilaciones año tras año, que se vive en España desde hace años.

La percepción general es que se concentra en el sector de la construcción y que se debe a dos fenómenos coincidentes: el boom inmobiliario y de grandes obras públicas de la última década, por la parte promotora, y la llegada masiva de inmigrantes, sobre todo extracomunitarios, que han tenido su primer empleo en el sector de la construcción con escasa formación.

Sería injusto concentrar en exclusiva en este sector la siniestralidad laboral. Las estadísticas lo desmienten si se tiene en cuenta la proporcionalidad: donde hay más accidentes mortales es en el sector de servicios, porque es donde hay más empleo, y también se registra un índice anormalmente alto de muertes en el sector agrario, a tenor de su bajo porcentaje en la población activa.

Pero lo que sí es inapelable es la comprobación, denunciada por los sindicatos y constatada por los inspectores de trabajo, de que en los tajos --sean pisos nuevos, rehabilitaciones o grandes infraestructuras-- la siniestralidad tiene una relación directa en la práctica abusiva de la subcontratación de las obras, que acaba diluyendo cualquier posibilidad de determinar quién es la empresa responsable en caso de accidente.

Subcontratar, en sí, no es perverso. Pueden ser subcontratadas tanto una empresa de ascensores en una obra como la que hace mantenimiento informático en una oficina. Pero en la construcción hay abusos flagrantes que frustran la actividad de inspectores, responsables sindicales de seguridad y jueces a la hora de determinar la responsabilidad penal en un accidente mortal claramente evitable.

Según los últimos datos, la comunidad extremeña se sitúa a la cola del país en el número de siniestros, aunque éstos crecieron un 60% la última década. La patronal cree necesario incidir en la prevención y los sindicatos critican la pasividad de los empresarios.

El Gobierno ha elegido una fórmula para combatir esas prácticas, y el viernes la concretó el Consejo de Ministros, que exige que en toda obra haya un registro de empresas subcontratadas, que estas hagan formación profesional y que aumenten progresivamente el porcentaje de empleados en plantilla.

Es una medida que el sector, lejos de rechazar, debería poner en práctica si su deseo es abandonar el liderazgo de los accidentes mortales.