WDwesde la solemnidad de la tribuna del Congreso, el líder del PP, Mariano Rajoy, convirtió el martes en oficial la ruptura con la política antiterrorista del Gobierno. Si en los últimos días nos preguntábamos si Rajoy estaba detrás del exabrupto de Acebes, quien equiparó los proyectos de Zapatero y de ETA, ya tenemos la respuesta. Rajoy no sólo respalda a su secretario general, sino que ha dicho en la Cámara todo lo que se calló en el debate sobre el estado de la nación, silencio que tantos ataques desató hacia su persona desde las trincheras de la derecha extrema política y mediática. El presidente del PP calificó de "ignominia" la reunión de los socialistas vascos con Batasuna, acusó al Gobierno de seguir la estrategia de ETA y de la organización ilegalizada, denunció que los fiscales de la Audiencia Nacional actúan de "abogados de los terroristas" y dio por liquidado el Estado de derecho. La confirmación de la ruptura, coreada además por un grupo de víctimas que comulgan con el PP, expulsadas del hemiciclo, se agrava por el anuncio de Rajoy de que hará todo lo posible para impedir el plan del Gobierno.

Y, sin embargo, nada tan grave ha ocurrido para que la mejor oportunidad que se ha presentado hasta ahora para pacificar Euskadi se frustre por la pelea partidista entre el Gobierno y la oposición, singularmente por la oposición del PP, que ahora demuestra que nunca había creído realmente en esta salida. El Gobierno ha podido cometer errores --por ejemplo, en la manera de anunciar la reunión de los socialistas vascos y Batasuna--, pero Zapatero se ha ofrecido a rectificar algunos y, sobre todo, lo ocurrido no justifica esta abrupta ruptura. El Gobierno asegura que no hay "negociación política" ni habrá "diálogo político" mientras el brazo político de ETA no vuelva a la legalidad, y parece que está dispuesto a cumplir las condiciones para legalizarse, incluida la renuncia a cualquier método violento. Mientras tanto, ¿se puede hablar con ETA y no con Batasuna?

EL PERIODICO ha apoyado este intento desde el principio, igual que hizo en 1998 con las negociaciones que se produjeron durante el Gobierno de Aznar. Hoy vuelve a reafirmar ese respaldo con el convencimiento de que Zapatero tiene el mismo derecho a intentarlo que el que tuvieron Felipe González y Aznar. Ese apoyo al proceso incluye que no se pague un precio político por el abandono de la violencia. El Gobierno tiene la obligación de dirigir la política antiterrorista --es su responsabilidad, como ha recordado Zapatero-- y la oposición debe estar vigilante, pero dando un margen de maniobra al Ejecutivo. El momento de la fiscalización no es ahora, sino cuando el proceso se lleve a cabo. Entonces podrá exigir responsabilidades, no antes.

El Gobierno tiene derecho a intentar la pacificación de Euskadi y nada justifica hasta ahora la ruptura