El 13 de septiembre de 1990 y con el Gobierno de Felipe González , el Congreso de los Diputados ratificó la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) por 205 votos favorables, 89 contrarios del PP y tres abstenciones. La LOGSE recogía que el nivel de Educación Secundaria comprendería: a) La etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que abarca cuatro cursos académicos, entre los doce y dieciséis años de edad; b) El bachillerato, con dos cursos académicos de duración a partir de los dieciséis años de edad. Las razones esgrimidas por los populares para no apoyar la LOGSE fueron que no recocía la gratuidad absoluta de las etapas de escolaridad no obligatoria y la reducción del bachillerato a sólo dos años.

El 24 de diciembre de 2002 y con el Gobierno de José María Aznar , el BOE publicó la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE), en la que de nuevo la etapa de ESO comprendía cuatro años académicos, entre los doce y los dieciséis años, y el bachillerato dos cursos académicos.

El 4 de mayo de 2006 y con el Gobierno de José Luis R. Zapatero , el BOE publica la Ley Orgánica de Educación (LOE). Otra vez la etapa de ESO comprendía cuatro cursos, entre los doce y los dieciséis años de edad, y el Bachillerato dos cursos.

XEN ABRILx de 2009 el ministro Gabilondo propone un "gran pacto" por la Educación. A esta iniciativa respondió el PP el 18 de enero de 2010 con el documento Propuestas para un Pacto por la Reforma y Mejora de la Educación en España . Sobre la enseñanza Secundaria decía: "Organizar en dos ciclos la Educación Secundaria: Educación Secundaria General (3 años de duración, de 12 a 15 años) y Educación Secundaria Superior (3 años de duración, de 15 a 18 años); esta última con dos vías, Bachillerato y Formación Profesional".

El 22 de abril de 2010, el ministro Gabilondo presentó el documento Pacto Social y Político por la Educación , entre cuyas propuestas se encontraba que el 4º curso de ESO tendría carácter orientador y se organizaría en dos opciones: una orientada hacia estudios generales (Bachillerato), y otra hacia estudios profesionales (Ciclos formativos de formación profesional de Grado Medio).

Días después, 6 de mayo, el PP hizo pública su posición con el documento Pacto sobre la Reforma del Modelo Educativo . En él remitían a las "Propuestas para un Pacto por la Reforma y Mejora de la Educación en España" a quienes quisieran conocer los enfoques, pilares y objetivos que consideraban imprescindibles. También decían que "En el Pacto que propone el Gobierno no hay ni ambición ni vocación reformadora. No sirve para resolver los graves problemas de la educación en nuestro país. Tendremos desgraciadamente que esperar a mejor ocasión".

Gabilondo llevó objetivos del non nato Pacto Social y Político por la Educación al BOE, y el 30 de julio de 2011 recogía el Real Decreto por el que organiza 4º ESO, PCPI, Certificado Oficial Estudios Obligatorios, así como otras modificaciones que básicamente entrarían en vigor en el curso 2012-2013.

En el programa electoral del PP para las elecciones del 20-N leíamos: "La educación Secundaria tendrá una organización más flexible, que ofrezca vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos. El Bachillerato constará de 3 cursos, el primero de los cuales tendrá carácter de curso de iniciación". Este compromiso fue reiterado por Mariano Rajoy el pasado 19 de diciembre en su Discurso de Investidura. Quedaba la duda de si la Secundaria General sería de tres años de duración (como defendieron en enero 2010, desde la oposición) o de cuatro (como legislaron en 2002, desde el Gobierno). Todo quedó claro el 26 de enero, cuando el ministro Wert dijo que la reforma de la Secundaria pasa por aumentar un curso al Bachillerato para quitárselo a la ESO, y que derogarán los itinerarios de 4º de ESO de Gabilondo.

La carga ideológica de las distintas leyes educativas que han desarrollado el artículo 27 de la Constitución Española de 1978 ha estado siempre presente en la comunidad educativa. De ahí que el anuncio de Rajoy de no continuar con esta dinámica fuera recibido favorablemente. Sin embargo, todo indica que la nueva reforma de la estructura del Sistema Educativo tiene una carga ideológica profunda. Expertos en educación opinan que sus resultados serán "Segregación del alumnado y expulsión directa del sistema educativo de los rezagados, y declararlos desiguales en derechos y capacidades para consagrar las desigualdades sociales como diferencias personales".

A las voces de reforma insuficiente se contraponen las que denuncian que con esta reforma el Estado dejará de cumplir con su obligación de compensar las desigualdades individuales y colectivas desde la escuela. Ponen encima de la mesa los recortes educativos, y una mecánica legislativa diabólica tendente al cuanto peor mejor para convertir a la enseñanza pública en subsidiaria.

Mantener los cuatro cursos de la ESO e incrementar uno del Bachillerato supondría retrasar la llegada a la universidad a los 19 años, tal y como ocurre en Finlandia, Italia, Suecia, Luxemburgo, etcétera. Pero no lo harán porque la reforma persigue el objetivo, entre otros, de liberar al Estado de obligaciones.