Un total de 360 personas han muerto en España en los primeros 7 meses del 2016 en su jornada de trabajo, lo que supone un aumento del 17,6% de forma global si se cuentan también los fallecidos en los desplazamientos hasta o desde la empresa. El primer análisis de esta negativa tendencia desemboca en una ecuación no exenta de lógica: a mayor precariedad del empleo más grandes son los riesgos y posibilidades de sufrir un percance. Estamos ante otro de los perversos efectos de la gran recesión y de la forma en que la estamos capeando. El aumento de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial que avala la norma laboral está pasando una costosa factura con el deterioro de la salud de quienes se ven obligados a trabajar en condiciones de máxima exigencia.
Los cambios que se están produciendo no son solo cuantitativos. Las causas de los siniestros en España estaban tradicionalmente asociadas a incidentes físicos, mientras que ahora se relacionan de forma directa y significativa con los infartos o los derrames cerebrales propiciados por el estrés laboral. Tampoco la construcción es ya el sector más arriesgado, sino la hostelería, las actividades administrativas o los servicios auxiliares. Esta negativa radiografía exige una reflexión, pero también una reacción colectiva que suponga una mayor atención en las empresas a la prevención, así como un aumento de las inspecciones en los centros de trabajo.
