Historiador
Una de las glorias con que se adorna el PP a todos los niveles de gobierno es su impulso a la precariedad laboral, en la que es líder en ejercicio. El invento de los contratos-basura, de los salarios de limosna y la falta absoluta de fijeza y seguridad en el empleo, viene de lejos, pero el movimiento obrero ha ido limando la crueldad del sistema a lo largo de los años, hasta hacer humanamente digerible la relación trabajadores-empresas. Sin embargo, los gobiernos de la derecha han tendido, tienden un pulso a las fuerzas sindicales y se ponen a la cabeza de la reacción, con sus leyes y con su práctica en las contrataciones propias.
En este último sentido, los ayuntamientos gobernados por el PP han descubierto la gallina de los huevos de oro: desinflar la oferta de empleo público y abrir bolsas temporales de trabajo para todo. Así, no sólo se aligeran de compromisos presupuestarios, al tener no una plantilla regular, sino que pueden jugar con las necesidades de las familias en paro sacando ofertas precarias a las que guste o no tienen que acogerse. ¡Y a veces incluso presumen de ellas como una acción social que emprenden para ayudar a los más desfavorecidos!
Buena parte de la siniestralidad laboral tiene su origen en esta práctica, que no aborda con las suficientes garantías de seguridad y formación, y que obliga a los trabajadores a un esfuerzo añadido para no caer en listas negras que al final pagan con su pellejo; listas que contribuyen igualmente a contrarrestar la actividad en las organizaciones de trabajadores, por las sibilinas o descaradas represalias. Por todo ello, la responsabilidad de los gobiernos que recurren a esta práctica ha de ser denunciada desde la mínima postura progresista, y hemos de combatir con firmeza su difusión por la propia dignidad y seguridad de la inmensa mayoría.
