Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, ha publicado que el precio de la vivienda en el primer cuatrimestre ha subido en torno al 4,7 por ciento. Y continúa subiendo parece ser. Unos índices que dependiendo del país se sitúan entre el escenario del cuatro al quince por ciento. Las políticas de vivienda siguen siendo un medio a impulso de los gobiernos que no acaban de lanzar una estrategia unitaria, en relación a lo edificado, el valor del suelo, mercados alternativos y financiación. Máxime si tenemos en cuenta que la demanda de la vivienda sigue siendo uno de los requerimientos definitorios del Estado del Bienestar.

Lejos está ya la puesta en dirección de una política común en todo el territorio español que iguale la demanda con la oferta, con capacidad para solventar un tema que sin ser ya ese punto de inflexión de cualquier política pública, sigue siendo el talón de Aquiles de los gobiernos. Una política pública de vivienda sigue siendo necesaria en nuestro país y, sobre todo, y especialmente, enfocada en determinados colectivos; y en el hecho de no generar una actividad mercantil que sustraiga del mercado real esos productos.

Este país jugó en exceso con su suelo, y esto ha sido y es un hecho irreparable. Cuando una visita determinadas áreas del suelo patrio, sin querer señalar, observa esa desnaturalización del suelo, con un urbanismo tan desafiante como voraz. Y ahora toca hacer frente al alquiler, cuando en este país hablar de alquiler resultaba tangencial, si nos referíamos a la manera de adquirir una vivienda. La realidad está en el hecho de que los precios del alquiler han comenzado a subir, en unas partes más que en otras, en el que la demanda juega el papel decisorio en relación a los precios. Y todo ello unido a un dato nuevo -los denominados pisos turísticos-- hay que tener en cuenta que en España se da un alto porcentaje del parque de vivienda en manos privadas. Lo que produce un margen de movimientos y comportamientos económicos que difieren sustancialmente si estuviera en manos del sector especializado.

Y a todo ello, no hay que olvidar que la vivienda sigue siendo un rol de necesidad en la vida de los ciudadanos, y su encarecimiento juega como un efecto de discriminación en aquellas personas con menor poder adquisitivo.

La realidad, por tanto, nos empieza a dibujar un escenario con cierta preocupación, que viene a señalar, una vez más, esa deficiente política pública de vivienda y suelo, que tiene que ir necesariamente de la mano de una dirección pública por cuanto que sobre la misma subyace un modelo de ciudad, que tiene incidencia en un proceso demográfico, que debiera preocupar a nuestras administraciones públicas; además de incidir en políticas públicas de servicios como el educativo, sanitario y de infraestructuras. Y esto parece que, una vez más, por ese concepto desterritorialización, se queda en manos de políticas parcelarias y no de un plan común de todo el país que actúe de verdad sobre el suelo, y sobre los distintos modelos de desarrollo urbanísticos y de viviendas.

Es y sigue siendo una asignatura pendiente el poner en marcha una real política pública de vivienda y suelo, capaz de armonizar todo el espacio territorial, teniendo en cuenta el ámbito competencial; sin obviar que nuestro país tiene un grave problema de despoblación en determinados territorios.