La entrada en vigor, el próximo 1 de enero, de los nuevos precios de referencia de los medicamentos genéricos supondrá el recorte en el coste de 2.070 medicamentos, muchos de ellos de consumo muy habitual. Los precios, en algunos casos, sufrirán un respetable recorte del 80%. La medida, anunciada con semanas de antelación por la ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha desatado las iras de la patronal de los laboratorios, Farmaindustria, que ha anunciado un recurso ante los tribunales, tras haber fracasado en las negociaciones con la Administración central.
La noticia de la rebaja de los precios, pese a ser positiva, esconde la evidencia de un fracaso. El Gobierno ha sido incapaz, tras los medicamentazos y otras medidas más o menos populares, de frenar la escalada desmedida del gasto y déficit farmacéutico. Con la nueva reducción de costes en la factura en medicamentos para el sistema público de salud, el Estado confía en ahorrar 400 millones de euros, cerca del 8% del gasto total en medicamentos. Está bien que sean las empresas las que renuncien a parte de sus beneficios para contener esta brecha en las arcas públicas. Pero da la impresión de que la decisión llega demasiado tarde.
