Icomos, el organismo asesor de la Unesco que vigila que las normas urbanísticas de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, como Cáceres, se cumplan, está teniendo un comportamiento en relación con la obra que el restaurante Atrio está haciendo en la plaza de San Mateo de cuya probidad cabe dudar. Y cabe dudar porque la presidenta de Icomos, María Rosa Suárez-Inclán y Ducassi, ha estado mucho más interesada en hacer ruido a través de los medios de comunicación que de hacer llegar dicho informe a quienes tienen potestad --Ayuntamiento, Junta y Ministerio de Cultura-- para evaluar y, en su caso, corregir lo que en dicho informe se denuncia. ¿Hay posibilidad de concluir otra cosa si el informe fue distribuido a los periódicos la semana pasada, en tanto no llegó a esas tres administraciones hasta ayer? Además, ¿cómo cabe interpretar que Suárez-Inclán quiera mantener en secreto la autoría del informe? ¿O que se haya elaborado no solo sin el concurso de los expertos cacereños que pertenecen a Icomos, como los profesores Campesino y Pizarro, sino a sus espaldas, poniendo en entredicho su capacidad e independencia y creando en Icomos una fractura sin precedentes? ¿Cómo cabe interpretar que Icomos denuncie ahora un acuerdo tomado hace tres años por ocho instituciones políticas, universitarias, empresariales y profesionales sin que entonces presentara ni una sola alegación? Son preguntas que Suárez-Inclán debería responder. Se lo debe a los cacereños y al propio Icomos, al que tendría que proteger de las dudas que se ciernen sobre él, y que se resumen en si representa a la Unesco o es vehículo de intereses particulares y anónimos.
