WTwanto la libertad sexual de la mujer como la pluralidad lingüística forman parte, al parecer, de los temas ante los que parte de la judicatura española no puede ocultar sus prejuicios. Una mujer que se trasladó de Cantabria a Cataluña tras su separación sospecha que se le ha retirado la custodia de sus dos hijos por su condición de lesbiana.

Sólo lo sospecha porque, según el juez, era recomendable conceder la custodia al padre porque el traslado a Lleida de los hijos les podría provocar "perturbaciones", a causa de la necesidad de aprender catalán en la escuela, que sería "preferible evitar".

Puede haber sido el motivo o sólo una excusa. En cualquiera de los dos casos, que un juez utilice este argumento --por el que se le podría denunciar-- en una sentencia desvela hasta qué punto gran parte de los jueces (y de los políticos, y de los ciudadanos) no comparten la idea de que la diversidad lingüística de España sea un bien a conservar. Parece que se trate de un estorbo con el que, en el mejor de los casos, se puede condescender. Es una muestra de intolerancia lingüística, de uniformismo y de recelo ante la realidad catalana incompatible con la convivencia de los pueblos de España, la Constitución y con el sentido común.