Cómo acabar con los sueldos irracionales de los directivos bancarios, que incluso los cobran cuando fracasan. Es lo que el titular del Tesoro de EEUU, Tim Geithner, y el presidente de la reserva federal, Ben Bernanke, tuvieron que escuchar ayer como exigencia inmediata de los congresistas norteamericanos. Es lo menos que podían esperar ante el escándalo de lo ocurrido en la mayor compañía aseguradora del mundo, AIG, que fue intervenida a finales del mandato de Bush, para lo que se aportaron 182.500 millones de dólares del erario público. Entonces nadie advirtió de que los directivos de AIG tenían cláusulas de contrato blindadas. Por su parte, para apaciguar el escándalo de que con dinero público se paguen recompensas indebidas a directivos que han fracasado, el Congreso de EEUU impulsa una ley que va a gravar en un 90% a quienes los hayan cobrado. Es una vía de poca seguridad jurídica. Sería más lógico condicionar la ayuda pública a que se despida a directivos ineptos, sin indemnización. La Administración Obama, en sintonía con lo que se está proponiendo en la UE, ha de incluir ese principio regeneracionista en la próxima cumbre del G-20.
