Los juzgados cacereños volverán a ser escenario el próximo viernes de un episodio que, lejos de crear satisfacciones, genera tristeza y desasosiego. Que un representante municipal tenga que acudir ante el juez en calidad de imputado por una decisión presuntamente equivocada contraviene en sí mismo el principio de presunción de inocencia. Su foto en los juzgados será el mal de muchos y el consuelo para unos pocos.

La autorización para que un grupo de hosteleros pudieran dar una alternativa al ocio nocturno juvenil durante el pasado verano puede ser una apuesta errónea, poco pensada, pero nunca debe ser maliciosa. El recurso a la vía judicial ha puesto de manifiesto la cerrazón de las partes y en este asunto sólo se han abierto heridas que tardarán en cicatrizar.

Las asociaciones de vecinos han puesto en la balanza los pros y los contras de una medida muy discutida, pero sobrevaloran el esfuerzo que se ha hecho desde una institución que, sin contar con todos los medios que requiere la aplicación de una ley, decidió tomar el rumbo que consideró el más idóneo. Responsabilidades legales a parte, la sola presencia de un representante público en los juzgados no es la mejor noticia para casi nadie.

* Periodista