Periodista

La legislatura se acaba y en el año que queda no da tiempo para una reforma tan ambiciosa. Si el mandato del señor Aznar estuviera empezando, veríamos el tiempo que se tardaría en adoptarla. Es la privatización de las cárceles nuevas. Francia lo ha hecho ya, y aunque ha habido un enfriamiento entre los dos gobiernos por el tema de la guerra, la derecha marcha unida en la defensa de sus intereses. Lo que la guerra separó, el sacrosanto principio de la libre empresa lo pueden unir.

¿Por qué el sector público ha de invadir un ámbito que la iniciativa privada puede cubrir? Se señala un emplazamiento y las condiciones que ha de reunir el centro, y se otorga la concesión de construcción y explotación. Lo único que ha de hacer el Estado es poner la vigilancia --de momento-- y pagar los gastos de manutención de los internos y la limpieza de las instalaciones. La privatización carcelaria es un negocio redondo. Viene a ser como invertir en hostelería, con la garantía de que se llegará siempre a la plena ocupación, sin necesidad de publicidad. En Francia se construyó una primera cárcel por el sistema privado y ya hay 18 más en proyecto. No ha de extrañar. El señor Nicolas Sarkozy, como ministro del Interior, ha endurecido las leyes y ha dejado pequeño todo el sistema de instalaciones carcelarias. A la vista de que las dos reformas son paralelas, ahora puede haber quien sospeche que la privatización de los nuevos centros puede tener mucho que ver con el celo legislativo y policial del ministro.

En Europa, la fiebre privatizadora de la reclusión ha empezado por Francia y ya no habrá quien la pare. ¡Fuera el Estado-empresario del negocio de las cárceles!