WEw n los últimos años se está produciendo en Extremadura una situación desconocida: son los enseñantes, y no los jornaleros del campo o los trabajadores de la construcción como ha ocurrido siempre, los que se movilizan en mayor número. Ocurrió el pasado año cuando un maestro del colegio de Badajoz ´Los Glacis´, fue acusado de abuso sexual a dos alumnas. Miles de profesores de toda la provincia se manifestaron en solidaridad con él. Y ha vuelto a ocurrir ahora: ayer, al menos 4.000 docentes, esta vez también de la provincia de Cáceres, han protestado por otro caso de un profesor acusado y condenado por vejaciones e injurias a un alumno.

En esta ocasión se da una circunstancia distinta a la del año pasado: entonces, la protesta se produjo cuando el procedimiento judicial abierto contra el profesor acusado estaba todavía en curso, y finalmente fue sobreseído; ahora, sin embargo, la protesta se produce después de que un juzgado haya condenado al profesor en cuestión, Carlos Cabanillas, del Instituto Santiago Apóstol de Almendralejo, por llamar "gilipollas" a un estudiante.

Es razonable pensar que, a primera vista, los profesores se han equivocado en su protesta de ayer: al fin y al cabo muy mala defensa tiene el profesor que, en lugar de ser un modelo de ciudadano para los alumnos, insulta a uno de ellos (lo reconoció ante el juez) y reproduce, justamente, el patrón de conducta que todos dicen que habría que erradicar de los centros educativos. Ese patrón de conducta --alumno irrespetuoso y faltón y que en ocasiones acaba hasta agrediendo al profesor-- es, además, el que convierte en víctimas a los enseñantes. Por esta razón, no se entienden bien las pancartas de "todos somos Carlos" o esas manifestaciones de portavoces del sindicato PIDE que tildan de "ridícula" la sentencia condenatoria.

Sin embargo, tanto el año pasado como ayer, la raíz de la protesta ha sido la misma: la queja a la Administración por la indefensión que sienten los enseñantes ante los alumnos y sus padres. Resulta obvio que la condena al profesor de Almendralejo es el pretexto de los manifestantes para hacer ver a la Junta que ese sentimiento de desamparo está profundamente extendido en el colectivo; tanto que se expresa incluso inoportunamente como es este caso: cuando un juez condena a uno de ellos por un hecho reprobable.

La Junta debería sentirse concernida ante esta protesta, por mucho que se pueda interpretar, como dijo ayer la consejera de Educación, que puede tratarse de una manifestación contra la sentencia que condena a Cabanillas. Pero, al mismo tiempo, los enseñantes no deberían perder la perspectiva: de acuerdo con que se sientan indefensos, pero apuntando contra la Junta, que ayer precisamente acordó con los sindicatos un plan para actuar con más diligencia ante los conflictos cuyo escenario sean los colegios, no solucionan las causas de la indefensión. Porque no es tarea exclusiva de una administración hacer que la sociedad llegue a modificar su consideración hacia la figura del profesor, que es la causa del problema. Aquí todo el mundo tiene parte de culpa, y no es la menor que haya demasiados padres que, sin que lo hayan aprendido de ningún ministerio ni consejería, den a entender a sus hijos que el trabajo que hacen los profesores con ellos no tiene ninguna importancia ni merece ninguna consideración.