La Asociación Cacereña de Protección y Defensa de los Animales está desesperada. Está, desde enero, esperando los 48.000 euros de la subvención anual del ayuntamiento, y no llega. El resultado son deudas al proveedor de pienso y al veterinario que cura, vacuna y esteriliza a los animales. "Se trata de una situación insostenible", ha manifestado a este periódico Juana García, presidenta de la asociación.

Lo primero que es necesario destacar es que la Protectora está haciendo un servicio público: está sustituyendo, con buena voluntad y grandes dosis de sacrificio de sus asociados, un trabajo que tendrían que hacer instancias municipales. A nadie se le ocurriría pensar que el negociado equis o el servicio uve no tuviera fondos para su sostén. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo con el colectivo que se encarga de cuidar y proteger a los animales abandonados.

El ayuntamiento pretende cambiar el funcionamiento de la perrera; incluso legalizarla, porque hasta carece de licencia. Son buenas intenciones. Pero cada cosa a su tiempo. Y ahora lo perentorio es pagar deudas para que los animales puedan, al menos, seguir comiendo.