El Ministerio de Trabajo ha hecho público el borrador del reglamento de la ley de extranjería con el que quiere imprimir un giro a la política del anterior Gobierno. La propuesta del ministro Caldera fija unos objetivos correctos: dar una salida a cientos de miles de personas sin papeles y combatir al mismo tiempo la explotación laboral y la economía sumergida.

Pero algunas de las fórmulas concretas que propone son discutibles. No tienen en cuenta las circunstancias que afectan a muchos extranjeros en situación irregular. Por ejemplo, no se ofrece una salida clara a quienes trabajan por cuenta propia o son empleados domésticos por horas. Otra cuestión: está bien que el inmigrante que denuncie al empresario que le explota pueda continuar en España, pero no es sensato que esa sea en el futuro la vía de regularización principal.

Con todo, el Gobierno acierta al apostar por dialogar con todos sobre este tema en vez de imponer un proyecto cerrado. El Partido Popular demostraría sentido de Estado si entrase en este debate en vez de intentar beneficiarse del hecho de que la inmigración es un campo de confrontación con el Gobierno que puede serle electoralmente rentable.