Los testigos en la demanda de ilegalización de Batasuna acabaron ayer de declarar ante la sala especial del Tribunal Supremo. Esta primera fase de la vista ha dejado una incómoda sensación de inconsistencia. El abogado defensor de Batasuna, Iñigo Iruin, ha conseguido poner en aprietos a ertzainas que no identificaron a autores de gritos a favor de ETA y a guardias civiles que incurrieron en numerosas imprecisiones al describir el proceso de creación de Herri Batasuna y que reconocieron haber utilizado viejos informes que en su día no fueron admitidos por los jueces.
Aunque el Estado no logre presentar pruebas contundentes, es evidente para muchos la coincidencia de objetivos y la dependencia orgánica de Batasuna respecto de ETA. Y, de demostrarse con pruebas incontestables, es difícil aceptar dentro del juego democrático a los cómplices de los terroristas. Pero las deficiencias de la acusación no pueden dar a Batasuna el argumento de que la causa no se ha preparado con diligencia y que se trata de un juicio político con un fallo ya decidido. Asistimos a una prueba del Estado de derecho. Y éste debe utilizar todas sus armas contra el terror, pero sólo las que son justas y demostrables.
