PUESTOS DE TRABAJO SIN CUBRIR

Analizando la evolución del mercado de trabajo extremeño encontramos un fenómeno recurrente, aunque no particular de nuestra comunidad: la existencia de una bolsa de puestos de trabajo ofertados por el servicio regional de empleo que, periodo tras periodo, quedan sin cubrir.

Este hecho supone que en el primer semestre de este año se hayan quedado por ocupar una media mensual de 7.474 empleos ofertados, lo que viene a suponer en torno a un 10,5% del total de puestos ofertados en ese periodo. Este porcentaje, que es ligeramente inferior al que se produce en el conjunto nacional, nos debería llevar a la reflexión sobre las causas y orígenes de este proceso cada vez más relevante, ya que, por ejemplo, en el periodo reseñado se ha incrementado cerca de un 15% sobre el año anterior. Aventurando alguna explicación, parece probable que se están produciendo disfunciones por las tres partes que componen el proceso de intermediación laboral.

Así, por parte de la demanda el estudio de estos puestos pone de manifiesto que los problemas de enlace entre oferta y demanda laboral vendrían derivados de características específicas como remuneración, ubicación, duración temporal, que harían poco atractivas dichas ofertas que, en muchos casos, no se ajustan a los convenios colectivos vigentes. Su rechazo no es imputable a deficiencias cuantitativas --nueve de cada diez se refieren a ocupaciones en las que existe un importante número de desempleados-- ni cualitativas, el 53% de estos trabajos no cubiertos corresponde al sector agrícola.

Por parte de la oferta, y huyendo de análisis simplistas y demagógicos que dirán que hay parados que no quieren trabajar, es evidente la existencia de un significativo volumen de empleo irregular en la economía sumergida. Mientras que ésta siga existiendo habrá un incentivo para que los desempleados acepten empleos que para ellos resultan más rentables a corto plazo, por lo que habrá que potenciar los mecanismos encargados de perseguir este fraude. En cuanto a la no aceptación de una oferta de trabajo, hay que recordar que el rechazo injustificado de la misma está duramente penalizado por la propia administración.

Por último, la tercera posibilidad de origen de esta disfunción tiene que ver con el propio mecanismo administrativo de intermediación. Son conocidas las deficiencias en términos de medios humanos y materiales que sufren los servicios públicos de empleo, lo cual no justifica una rémora a la hora de agilizar los trámites para casar a empleadores y desempleados. En este sentido, queda mucho por hacer a la hora de dar la suficiente confianza a ambas partes para que perciban las oficinas de empleo como un servicio integral de intermediación eficaz y no como un paso obligado, un mero lugar administrativo donde realizar trámites. Es imprescindible una mejora de la gestión que se traduzca en un mayor dinamismo del mercado laboral y, por ende, en una reducción del número de desempleados extremeños.