Colombia encara una crisis institucional sin precedentes a causa de la decisión tomada por el presidente del país, Alvaro Uribe, de convocar un referendo que legitime su reelección en el 2006. Las repercusiones políticas del caso exceden con mucho la complejidad jurídica que se encuentra en el origen del mismo, porque la Corte Suprema, al reconocer que la exdiputada Yidis Medina, a cambio de un trato de favor, apoyó la iniciativa legislativa para que Uribe pudiera presentarse en el 2006, politizó el fallo al añadir de pasada que la reelección carece de base legal. Es decir, no se ciñó al caso concreto de la sesión en la que votó Medina, sino que fue más allá del asunto sometido a su consideración. Ni la popularidad de Uribe, insólita en un país martirizado por los paramilitares, el narcotráfico, la guerrilla crepuscular y los secuestros interminables, ni las llamadas a la sensatez de la clase media liberal han sido suficientes hasta el momento para contener la pugna entre poderes, viciada por la sospecha de que nadie juega limpio en la disputa. El presidente, porque no aclara si persigue con el referendo confirmar su mandato hasta el 2010 o prolongarlo cuatro años más a partir de su celebración; los jueces, porque nada impide suponer que lo son todo menos independientes. Y en un país con una treintena de parlamentarios entre rejas y otros tantos incursos en diligencias judiciales, saber a qué intereses responden los magistrados es tan importante como aclarar si el presidente quiere forzar la crisis de un Estado débil que, sin embargo, ha sabido preservar durante décadas el funcionamiento de las instituciones y la separación de poderes.
