La Junta tiene previsto elaborar una ley para obligar a las operadoras de telefonía móvil a detallar la cobertura que tienen en cada zona de la región con el fin de que los usuarios sepan, de antemano, si van a poder disfrutar, y en qué condiciones, del servicio que les venden. De igual modo, esta norma contemplará un periodo máximo de reparación de averías.
La idea es buena porque el gato escaldado del agua fría huye. Después de que, desde el mes de octubre, Extremadura haya sufrido dos grandes ´apagones telefónicos´ que trastornaron las condiciones laborales de cientos de miles de ciudadanos, cualquier obligación a las compañías sobre la mejora de la calidad del servicio que con tanta puntualidad cobran es bienvenida. Como lo es la obligatoriedad de detallar la cobertura. En Extremadura hay zonas a las que todavía no se puede decir con propiedad que haya llegado la telefonía móvil ni la conexión con internet. Lo ideal sería obligarles a hacer las inversiones precisas para que nadie, en ningún rincón extremeño, pudiera sentirse en inferioridad de condiciones para comunicarse, pero si esta atribución no es autonómica, al menos que no engañen a nadie.
