Qué ha pasado con Caval? Es la pregunta que se ha hecho Antonio Domínguez, el actual presidente de la junta rectora de la cooperativa. Una pregunta que encierra el temor de que los anteriores gestores de la sociedad, Manuel García González, Juan José Magdaleno Escudero y Laureano Reyes Bueno hayan podido cometer irregularidades que estén en el origen o sean la causa de la quiebra de la sociedad. La respuesta a esa pregunta está ahora en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, la cual, después de que la Fiscalía le presentara datos sobre las cuentas de la cooperativa, considera que los tres citados podrían haber incurrido en falsedad documental y en fraude de subvenciones.
Hasta ahora solo hay indicios que se espera aclarar con su declaración en el juzgado el próximo 4 de mayo y, por tanto, nada hay que aventurar, pero hayan cometido irregularidades o no las hayan cometido, el caso de Caval pone de manifiesto no solo la necesidad de que se profesionalicen los cargos gerenciales de este tipo de sociedades, sino de que los órganos rectores y la asamblea de socios ejerzan un verdadero control sobre los responsables del día a día de la cooperativa. Desde que en el pasado noviembre saltara a los medios de comunicación la crisis de Caval, los cooperativistas han sido unánimes en señalar que desconocían cómo les iba a su empresa, como si les fuera ajena. ¿Qué le ha pasado a Caval? Hasta ahora, al menos una cosa se sabe: que sus dueños depositaron la propiedad en los antiguos gestores y se preocuparon poco por saber qué hacían con ella. Hasta que fue demasiado tarde.
