En estos días andan los políticos extremeños afanados en elaborar una Ley de Educación para Extremadura (LEEx) que dure un largo período de tiempo. Que la educación es un pilar básico para el desarrollo personal, social y comunitario nadie lo pone en duda. Por ello la mejora del sistema educativo merece el esfuerzo de todos.
La educación se enmarca en un cuadro de valores, principios y normas de carácter ético, moral, religioso, económico, social, etcétera, de muy diversa entidad y naturaleza que hace que puedan perfilarse tantos modelos educativos como casi individuos somos. Por eso es necesario un pacto en el que se concierten unas líneas básicas dentro de las cuales una gran mayoría de ciudadanos podamos movernos en materia tan trascendental como es la educativa. Y ese pacto existe ya. El artículo 27 de la Constitución lo estableció y sigue teniendo vigencia y validez. No fue un pacto fácil. Nada menos que 10 apartados tuvo que contener el artículo para conseguir un equilibrio aceptable entre las concepciones educativas arraigadas en los distintos grupos políticos y sociales. La fragilidad de ese pacto obliga a todos a una exigente lealtad en su interpretación y en su cumplimiento.
XPOR OTRA PARTEx estabilidad normativa no es sinónimo de estabilidad social o política. Sin ir más lejos desde la Ley Moyano de 1857, primera ley, hasta la segunda de Villar Palasí 1970, transcurre más de un siglo y es la época de mayores desigualdades educativas y analfabetismo de la España contemporánea.
En base a ese pacto constitucional, la educación es un derecho de todos que el Estado tiene la obligación de garantizar mediante una programación general de la enseñanza y una red de centros públicos que llegue a todos en las condiciones de mayor igualdad y equidad posibles. Una red pública que garantice el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución.
También, en base a ese pacto constitucional, aquellas personas y grupos a los que no les interese la oferta educativa de la red pública y, dentro de los principios constitucionales, quieran una educación basada en idearios específicos avalados por determinados grupos económicos, sociales, políticos o religiosos, tienen la libertad de creación de centros docentes privados y libertad de enseñanza para llevar a cabo una educación ajustada a esos idearios específicos.
En Extremadura, la red de centros está en una relación 80-20% la pública respecto de la concertada/privada y esta última se encuentra fundamentalmente en poblaciones grandes. Ante todo ello, es necesario no olvidar que la concertada ha de ser subsidiaria respecto a la pública.
En el marco de ese pacto constitucional, cada partido político oferta a la sociedad su modelo educativo preferente que lo diferencia y conforma con él una pieza electoral que justifica opciones de gobierno y alternancias en el poder político. Desde una óptica, digamos, progresista no pueden estar ausentes los principios de solidaridad, equidad, compensación, planificación,- porque de lo contrario estaremos (entregando) abandonando la escuela pública y a la mayoría de los niños y niñas extremeños a un destino desfavorable y por lo tanto siendo deshonesto con ellos.
Pues bien, el presidente de la Junta de Extremadura está empeñado en alcanzar un pacto (otra cosa serían acuerdos puntuales sobre algunos aspectos de la educación, como está ocurriendo en el nivel estatal) entre los dos partidos que ocupan la totalidad de la Asamblea de Extremadura que permita aprobar la Ley de Educación por unanimidad. Y en eso están Gobierno y oposición autonómicos; el PSOE, dando pasos significativos hacia el modelo del adversario: más enseñanza privada, más autonomía para sus idearios, más recursos para esos centros-; el PP, creciéndose, planteando con increíble desparpajo cuestiones inaceptables: más dinero para los empresarios educativos, más posibilidades de selección de su alumnado, menos control en esos centros...
Parece importar poco que se traspasen las líneas rojas de una aceptable lectura leal del pacto educativo constitucional. ("Lo importante, como ha expresado públicamente Díez Solís --PP--, es que saquemos una ley con la que podamos gobernar cualquiera").
Pero si los modelos educativos del PSOE y del PP no se van a diferenciar, materializándose en una ley casi imposible de modificar con un único modelo pactado, ¿para qué las alternancias políticas? Si la propuesta educativa extremeña ya está acordada, gobierne quien gobierne, ¿qué nos queda a los electores?
*En representación del
Colectivo Afilalapiz de Extremadura.
