La Fiscalía del Estado ha cumplido sus advertencias. Ayer presentó una querella contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y contra los dos representantes de EA e IU en la Mesa de la Cámara, por un presunto delito de desobediencia al incumplir la orden judicial de disolver el grupo parlamentario heredero de Batasuna, Sozialista Abertzaleak.
Resulta lamentable que la colisión entre el legislativo vasco y el poder judicial haya llegado al ámbito penal. Pero era difícil no acabar así desde que la mayoría del PNV, EA e IU eligió el camino del desacato ante las sentencias judiciales en lugar de los cauces establecidos para la relación entre las instituciones democráticas: cumplir con los tribunales y dirimir en instancias superiores el conflicto competencial.
Este pulso de consecuencias impredecibles sólo puede satisfacer a los enemigos de la autonomía vasca. A los que se alegrarían de que cayese bajo la tutela directa del Gobierno central y a los socios políticos de ETA. El nacionalismo democrático está obligado a inyectar serenidad a este enfrentamiento, acatando la sentencia del Supremo aunque discrepe de ella, entre otras razones porque puede quedar invalidada toda la actuación futura de la Cámara vasca.
