Como era de prever, la nueva sala de la discordia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite las querellas interpuestas contra el presidente del Parlamento de Vitoria, Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU), por desoír la orden del Supremo y negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna.
El Gobierno del PP aplaudió ayer esta decisión como si fuera un simple espectador en una batalla que, en realidad, está librando con todas las armas a su alcance. Fue el siempre dócil fiscal general, Jesús Cardenal, quien primero presentó la querella y, luego, impugnó la composición de la sala al recelar de su sesgo nacionalista. Y después el Poder Judicial, controlado por PP y PSOE, forzó la elección de los jueces que, a la postre, han inclinado la balanza del lado del Ejecutivo al iniciar el procedimiento contra Atutxa.
Si ha sido clara la presión del PP para poner la justicia a su lado, el PNV no le ha andado a la zaga, como lo indica que el presidente del tribunal, Manuel María Zorrilla, se saltara la ley para nombrar a dos jueces proclives a exonerar a Atutxa. La justicia ha sido, otra vez, la gran perjudicada en ese pulso político entre dos partidos sin ningún diálogo institucional.
