El fárrago de revelaciones de todo tipo hechas por los medios que han tenido acceso a la documentación del Departamento de Estado filtrada por Wikileaks, unida a la persecución judicial de Julian Assange, titular de la web, y las tretas tecnológicas destinadas a neutralizarla, al menos en Estados Unidos, configuran un marco de referencia que induce más preguntas que respuestas. Porque la obtención de los documentos, la personalidad de quienes se hicieron con ellos, la futilidad de muchas de las historias que se han hecho públicas unida a la indiscutible relevancia de otras, el perfil de Assange y las condiciones aceptadas por las publicaciones que han difundido los textos dan para toda clase de especulaciones. Y las hipótesis más variopintas se multiplican cuando se trata de identificar a quienes eventualmente pueden beneficiarse de los acontecimientos en curso.

Conforme se conoce más y más material redactado por diplomáticos norteamericanos, más y más difícil se hace aventurar quién está de verdad detrás de la operación, quién la ha hecho posible y cuáles son sus propósitos. Sería ingenuo reducirlos al simple objetivo de alumbrar a la opinión pública con datos hasta la fecha desconocidos. Resulta inquietante imaginar que, entre cajas, mueven los hilos intereses ocultos.

Aun así, no es demasiado aventurado suponer que, con parte de los archivos secretos del Departamento de Estado puestos a disposición de todo el mundo, la figura del presidente de EEUU, Barack Obama, y de su Administración salen bastante dañadas. No solo por el fallo de seguridad que ha hecho posible la filtración, sino porque debilita la imagen del presidente y su equipo dentro y fuera del país.

Todo lo cual no justifica la cacería más o menos disimulada desatada contra Assange, presunto perpetrador de acoso sexual y buscado por la Interpol en los cinco continentes por orden de la justicia sueca. No hace falta poner en duda la honorabilidad de los jueces para sospechar --una sospecha más-- que, de una forma u otra, la opacidad se ha adueñado de la denuncia contra Assange y las disposiciones dictadas por el tribunal. Algo huele fatal en todo esto, pero no hay forma de saber qué o debido a qué.

En este escenario, Mark Stephens, el abogado de Assange en el Reino Unido, asegura que la orden de captura de este para ser interrogado en Suecia por supuestos delitos sexuales puede ser "una maniobra política" y recalca que luchará contra la posible deportación de su cliente a Suecia por temor a que sea extraditado a EEUU, donde algunos políticos han llegado a pedir la ejecución.