XLxos partidos nacionalistas vascos y catalanes, con una sensacional cobertura mediática en los últimos meses, no han logrado convencer al conjunto de los españoles sobre sus propuestas de reformas estatutarias , que también generan incertidumbre en sus respectivas poblaciones. Pero la ofensiva crece y puede desbordar el marco institucional si los nacionalistas vascos ganan por mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas o los nacionalistas catalanes redimen sus problemas de gestión, acentuados con lo del 3% , apelando al destino nacional común en el Parlamento catalán.

De todos los frentes abiertos, una batalla importante se librará en el terreno económico y financiero. Los procesos de construcción nacional en curso presentan muchas incertidumbres y algunas certezas. Entre lo cierto, que los nacionalistas no quieren independizar sus economías de la española, no tanto porque con la independencia saldrían de la UE, del mercado único y del euro, que no se lo creen, sino porque el resto de España es el principal mercado, con mucha diferencia, de las empresas vascas y catalanas. Esta no desvinculación se refiere, por supuesto, al mercado español, ya que va precedida de exhaustivas balanzas fiscales, donde calculan unilateralmente el déficit fiscal con el Estado y con el resto de las comunidades autónomas. Para reforzar esta idea han importado la denominación contribuyentes netos , que se atribuyen los estados miembros de la UE opuestos a una contribución mayor al presupuesto comunitario.

En consecuencia, CIU, siguiendo el modelo del cupo vasco, propone que el déficit catalán respecto al Estado español se limite estatutariamente al 4% del PIB catalán, que incluye un 2% del PIB como cantidad anual que Cataluña aportaría a la solidaridad con el resto de España. Los nacionalistas vascos, aparte de regatear y resistirse a pagar el cupo, no parece que vayan a renunciar, como avanza el Plan Ibarretxe, a romper la caja única de la Seguridad Social, sustituida por su caja territorial, con las cotizaciones de trabajadores y empresarios vascos. En ambos procesos, las propuestas de reformas estatutarias hacen caso omiso del 138.2 de la Constitución, donde se establece que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales , y no reparan en los costes que trasladan a la Administración General del Estado (AGE) o al resto de las comunidades autónomas.

La redistribución de poder político y consecuentemente de recursos financieros, a favor de las comunidades autónomas, ha estrechado el margen para una mayor descentralización y participación en los ingresos del Estado. Las comunidades autónomas no sólo gestionan un volumen de gasto importante, el 35% del gasto total no financiero del conjunto de las Administraciones públicas españolas, mientras que la AGE gestiona el 25%, sino que más de las tres cuartas partes de este gasto corresponde a educación, sanidad y servicios sociales, los que más valoran los ciudadanos. Además, el Gobierno español tiene que asegurar el cumplimiento del pacto de estabilidad suscrito por los estados miembros de la UE, lo que limita el crecimiento del gasto, el déficit y el endeudamiento de las Administraciones públicas.

Si finalmente las regiones ricas, naciones o comunidades nacionales, rompen esos equilibrios y consiguen reducir sus compromisos de igualdad y solidaridad entre todos los españoles, tal y como actualmente los exige la Constitución, las regiones más atrasadas y menos favorecidas históricamente, a la cabeza de las cuales está Extremadura, pagarán un alto precio. Un sistema de financiación autonómico menos solidario, vinculado progresivamente a la recaudación y a las cotizaciones por territorios, pone en riesgo el bienestar de los extremeños, su seguridad y oportunidades, más si tenemos en cuenta el envejecimiento de la población.

*Economista