XNxo cabe otra pregunta después de leer El Pícaro urbanista , caliente artículo de Gregorio Yáñez --que le honra-- en un periódico digital emeritense. Se trata nada menos que de la opinión de quien fuera máximo responsable de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida durante gran parte de la tramitación del procedimiento por el que los terrenos de uso industrial de limitado valor económico de Carcesa se recalificaron a residenciales y otros rentabilísimos fines.
La cuestión es la siguiente: tras esa recalificación, que realizaron el Pleno Municipal de Mérida y la Comisión Regional de Urbanismo, se disponen de 140.000 metros cuadrados para edificar viviendas y hoteles, centros de ocio, comerciales etcétera. El ayuntamiento recibe un exiguo 10%. Esa expresión de exiguo la dice en su artículo el propio Gregorio Yáñez. Por tanto las empresas que van a desarrollar la actuación reciben nada menos que 126.000 metros cuadrados de edificabilidad neta. A cambio construirán una nueva factoría a la que le otorgan un valor de 2.500 millones de pesetas. Nada más que eso por tanta edificabilidad. Quien sepa algo de urbanismo, tal y como están las cosas en la lucha por el suelo edificable, no tiene la menor duda de que esto es un inconcebible pelotazo que perjudica al pueblo de Mérida. Simplemente porque lo mínimo que debería recibir el ayuntamiento en esa operación recalificadora estaría en torno al 30% del nuevo aprovechamiento concedido. Es decir el triple de lo que ha recibido. ¿Por qué las instancias públicas no han defendido esas cesiones?
Esa es la pregunta que inquieta, preocupa, irrita, desconcierta, avergüenza y produce todas las sospechas imaginables. ¿Existe en este asunto ignorancia de algunos o intencionalidad lucrativa, bajo cuerda, de otros?
En círculos expertos he podido escuchar que el Ayuntamiento de Mérida el pueblo de Mérida debió recibir, como mínimo, el 25% de aprovechamiento medio. Que a los constructores les hubieran salido las cuentas perfectamente. En los terrenos de la antigua Corchera se obtuvo el 38%. Por eso, desde algunos años atrás, hay buenas viviendas baratas, especialmente para jóvenes. Simplemente por el celo que, en su día, se tuvo en la defensa de unas políticas redistributivas de las plusvalías. Porque esa es la clave más importante en las políticas sociales sobre vivienda. ¿Alguien lo duda?
Tal y como están las cosas allí se van a facturar, en bruto, más de 30.000 millones de pesetas. Descontemos el costo de construir 125.000 metros cuadrados y 2.500 millones de la factoría nueva. Evalúen los beneficios del pelotazo , curiosamente con todas las facilidades del mundo por parte de quienes han tramitado la recalificación.
Por si todo no fuera bastante, conviene recordar que estos terrenos eran de propios municipales, cuando a finales de los años veinte el ayuntamiento los facilitó a bajísimo precio las vigentes leyes desamortizadoras impedían donarlos para construir el después famoso Matadero Industrial. Un ayuntamiento que entonces desembolsó, con créditos, 500.000 pesetas en acciones, que en aquel tiempo era una auténtica fortuna.
¿No tenía Mérida todo el derecho moral a un tramo mayor de esas plusvalías? Esa pregunta es la que nos quita el sueño a muchos emeritenses por la sospecha de que en este asunto huele demasiado. Y ahora más cuando el propio ex gerente del urbanismo municipal habla de pormenores inquietantes y de exiguas cesiones. ¿Por qué no se defendieron más cesiones en el pleno municipal y en la comisión regional de Urbanismo si la operación de una nueva factoría --que era lo que, a tenor de las declaraciones institucionales, justificaba la recalificación-- hubiera salido perfectamente?
Los políticos están obligados a defender los intereses generales y aunque el pueblo ignore desgraciadamente estos pormenores de plusvalías, aprovechamiento medio, repercusión de suelo, costos de construcción, sistemas generales, cesiones, o los más complejos referidos a la Ley del Suelo o a los reglamentos procedimentales para su desarrollo, no deberían basar sus actuaciones en el oscurantismo. Porque llegados a este punto una sociedad tiene que defenderse de nepotismos y corruptelas por los medios que el Estado de derecho posibilita. Y tal vez en este caso, leído lo dicho por quien fuera cabeza de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mérida, avalando las dudas que algunos hemos expresado de manera insistente, debería pensarse en acudir a la Fiscalía Anticorrupción para que analizara rigurosamente este asunto de los terrenos de Carcesa. Parece la exigencia mínima que el caso y la sociedad requieren.
*Exalcalde de Mérida
