Para salir de esta crisis es imprescindible que el sector financiero recupere la confianza y que la situación internacional acompañe, ya que nos guste o no, hasta que Estados Unidos no remonte el vuelo, la economía mundial seguirá lastrada por los efectos perversos de esta recesión. Para que la reactivación se produzca es preciso sanear primero los circuitos dañados, reparar después los desperfectos y establecer un nuevo orden financiero dotado de mayores controles, como el propio Miguel Angel Ordóñez no ha dudado en señalar respecto a la implantación de una autoridad de supervisión europea.

En una fase de baja actividad, los agentes económicos carecen por sí solos de recursos como para poder impulsar la economía, por eso han de ser los poderes públicos los encargados de tirar del carro, adoptando medidas de estímulo para detener la sangría, a la vez que reactivando la actividad y la creación de empleo.

A pesar de que la inversión pública debería ser aséptica y estar guiada exclusivamente por criterios económicos, existe sin embargo una dependencia vicaria entre la economía y la política, por eso las propuestas para salir de la crisis presentan un cariz diferente en función de quien las proponga. Los liberales defienden que la intervención del Estado en la economía ha de ser algo esporádico, al considerar que el crecimiento se consigue suprimiendo los obstáculos al trabajo y a la inversión. Su primordial objetivo se centra en la creación de empleo, ya que consideran que ésta es la medida más social que existe. Las políticas progresistas, por contra, no entienden una reactivación económica disgregada de los derechos de los desempleados, de las clases desfavorecidas y del mantenimiento del Estado del bienestar, defendiendo a los sectores más expuestos de la sociedad.

XAUNQUE LASx medidas más importantes contra la crisis han surgido a raíz de los encuentros mantenidos entre los mandatarios de los principales países, con propuestas tales como elevar las garantías de los depósitos bancarios, la inyección de recursos públicos para garantizar la estabilidad del sistema financiero, la reducción de los tipos de interés, propiciando la bajada de precios de los productos energéticos, existen paralelamente una serie de planteamientos más específicos, pensados para abordar la casuística concreta de cada país.

A pesar de que las diferentes fuerzas políticas están de acuerdo en la conveniencia de incrementar el gasto público para reactivar la economía, sin embargo, unos consideran que la mejor manera de aplicar estas medidas es recortando los impuestos directos, facilitando con ello que los flujos monetarios lleguen a las empresas y a las familias, algo que favorecería el consumo y la actividad, y que incrementaría menos el déficit público, pero esta reducción impositiva tiene un carácter generalizado y actúa de una forma poco selectiva, no teniendo en cuenta la equidad, con lo que podría beneficiar a quienes menos lo necesitan. Tampoco existe la certeza de que los recursos procedentes de la bajada de impuestos tengan que ir a parar al consumo, ya que en las actuales circunstancias, podrían destinarse a amortizar parte de la deuda o desviarse hacia el ahorro.

En un escenario donde la recaudación impositiva disminuye debido a la caída de la actividad, una rebaja de impuestos sería contraproducente ya que debilitaría aún más las mermadas arcas públicas, imposibilitando la financiación de las políticas sociales y de los servicios públicos. La actual línea política se ha decantado por la promoción de obras públicas e inversiones en infraestructuras, bajo el control del propio Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, una medida que sirve para paliar la destrucción coyuntural del empleo provocada por la paralización del sector de la construcción, y que proporciona un margen de tiempo importante hasta que la virulencia de este ciclo bajista empiece a remitir.

Dejando a un lado la reforma del sistema tributario, a la que la inmediatez de la crisis pudiera distorsionar, lo que ahora procede es adaptar la normativa a las actuales circunstancias, de forma que se logre la máxima eficacia en el apoyo a las familias con escasas rentas o con mayores dificultades hipotecarias y en buscar ese alivio impositivo para las empresas que carecen de una línea directa de crédito, dejando aparcadas de momento las rebajas de las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que podrían comprometer la estabilidad de esta institución. Pero lo que a todas luces resulta impensable en estos momentos es que se pretendan subir los impuestos, al tiempo que se recorten los gastos sociales, ya que esto además de ser insolidario, dejaría desprotegido el flanco del consumo, lo que supondría un retroceso para el proceso de recuperación.

Ni los recursos públicos son ilimitados, ni el paraguas presupuestario puede cobijar a todo el mundo, ya que el déficit tiene unos límites racionales, además de los establecidos por las autoridades monetarias europeas. Debemos ser conscientes de que el endeudamiento que generemos hoy actuará como una pesado lastre que deberemos amortizar en el futuro, como esas secuelas que permanecen dolorosamente imborrables en el tiempo, una vez que se han desaparecido las heridas.