Las inconcreciones y las zonas de sombra de la ley antitabaco han permitido que su aplicación sea irregular, cuando no francamente laxa, según un informe elaborado por la OCU en las 17 comunidades autónomas a partir de una muestra realizada en 976 espacios públicos. Al cumplirse 500 días de la entrada en vigor de la ley, el sector de la hostelería es el que da una tasa de incumplimiento mayor --el 22% de los locales no están señalizados y algunos, como la cafetería de la estación de autobuses de Badajoz se fuma cuando no debería fumarse--, favorecido sin duda por la permisividad de algunos gobiernos autonómicos, con los de Madrid y la Comunidad Valenciana en primer lugar, que han aprobado decretos de desarrollo de la ley tan comprensivos con los fumadores como alejados del espíritu que animó al legislador. Puede decirse que la ley antitabaco se ha convertido en una herramienta inesperada en manos de algunas administraciones para contentar a segmentos de electores. Pues eso y no otra cosa es suavizar la aplicación de la ley en favor de los fumadores y de una parte de los empresarios a los que en primera instancia obligan las restricciones, a pesar de que otros ya han invertido en las reformas necesarias para adecuar sus negocios a la lucha contra el tabaco. En la práctica, toda aplicación de la ley que no parte de la convicción de que los derechos de los no fumadores deben prevalecer sobre los de los fumadores es una invitación al incumplimiento. Con lo cual, los resultados que se persiguen --reducción del gasto sanitario, modificación de los hábitos sociales-- quedan bastante por debajo de las expectativas.