El recorte del gasto ha llegado a la Dirección General de Tráfico. Tal como publica este periódico se reducirán los efectivos en las operaciones especiales; se prohibirá el uso de las motos; los coches estarán detenidos tres horas durante el servicio para ahorrar combustible y solo se harán controles de alcoholemia selectivamente y cuando a juicio del agente el conductor dé síntomas evidentes de embriaguez.

Hay que saludar la política de ahorro en la Administración, pero en esta ocasión al departamento que dirige Pere Navarro se le ha ido la mano en algunas decisiones. No es lo mismo instar a los guardias a que hagan una conducción eficiente (cierre de ventanillas, evitar frenazos bruscos, velocidad constante, etc.) que reducir los medios de auxilio en carretera o limitar una medida de seguridad tan importante como es el control de alcoholemia. Y fiar a la perspicacia del agente, y no al análisis que arroje el etilómetro, si un conductor va o no embriagado al volante.

España ha hecho un notable esfuerzo en mejorar la seguridad vial, en buena parte porque ha habido rigor de la DGT en detectar y perseguir las infracciones. Relajar esa tensión, aunque sea por ahorrar, puede tener la peor de las consecuencias, pues puede revertir en un aumento de la siniestralidad.