El Ministerio de Industria anuncia que el recibo de la luz puede bajar en adelante una media del 3% anual, lo que no es un asunto menor si se tienen en cuenta los encarecimientos de los últimos años. Esa reducción de la cuantía final del recibo se producirá como resultado del nuevo sistema de cálculo del coste de la energía, es decir de lo que está relacionado directamente con el consumo de cada abonado.

El Gobierno ha decidido eliminar las subastas clásicas con las que hasta ahora se fijaba el precio medio de la electricidad. La última vez que se tuvo en cuenta ese sistema, en diciembre, el resultado fue nada menos que un incremento del 11% para la factura final en el primer semestre de este año.

La Administración, como hizo todo el mundo, se llevó las manos a la cabeza, escandalizada. Las subastas se seguirán haciendo --a diario--, pero en ellas no participarán las instituciones financieras, lo que quiere decir que las aseguradoras que nos blindaban contra altibajos en los precios --oscilaciones que nunca se han producido, al menos de forma importante-- dejarán de asistir a los concursos. Es posible que esa ausencia ocasione algún vaiven, pero los técnicos del Estado dicen ahora que en todo caso serán menores.

La historia de la generación y distribución energética es la de un monopolio, público o privado, que ha ejercido no solo en España, sino en todos los países. Es una industria estratégica de alto rendimiento económico que en los últimos años ha vivido episodios de vodevil en nuestro país con un resultado claramente negativo para los intereses de sus ciudadanos. Solo los habitantes de Malta, Estonia y Letonia pagan más cara la electricidad que nosotros. La liberalización del sector, que no tiene otro sentido político y económico que el beneficio de los ciudadanos, ha comportado un encarecimiento del 63% entre el 2008 y el 2013.

Cabe preguntarse, a la vista de los acelerados cambios en los cálculos de los costes y de las descalificaciones de los sistemas de subastas luego corregidas, si quien lleva las riendas de este asunto capital tiene un control integral de lo que se lleva entre manos.

Esa interrogación cobra todo su sentido cuando vemos el escandaloso número de exministros, exvicepresidentes y expresidentes de gobiernos españoles que asesoran, tras dejar la política, a empresas energéticas.