WEw l Juzgado de lo Social de Mérida tendrá que dirimir si es conforme a derecho que el Ayuntamiento de la ciudad tenga que pagar 205.000 euros --alrededor de 34 millones de pesetas-- al exgerente de la empresa municipal Transportes Urbanos de Mérida, Prudencio González, en concepto de indemnización por despido después de seis años en el cargo. Esa astronómica cantidad --correspondiente a 45 mensualidades, cuando la ley establece un despido máximo de 45 días por año trabajado para el conjunto de los trabajadores--, fue aprobada en una reunión de la empresa municipal cuando solo participaban en ella los consejeros del PP, partido que había puesto en la gerencia a González, y mediante un anexo al contrato presentado en el Sexpe escasas semanas antes de las elecciones, que también incluía otras condiciones de todo punto inusuales en contratos normales, como la obligatoriedad de la empresa de avisar con 6 meses de antelación el despido, cuando lo común son 15 días.

Con independencia de que Prudencio González insinuara que no exigiría esa cantidad cuando este asunto salió a la luz en julio y ahora sí lo exija; y también con independencia de cuál sea la decisión judicial, la reclamación de 205.000 euros por ese despido es de todo punto improcedente y con razones podría pensarse que nos encontramos ante un palmario caso de intento de apropiación moralmente indebida de los dineros públicos, contra el que cabe emplear toda suerte de herramientas legales. El PP no debería estar callado y mirar para otro lado porque a ese partido apunta la responsabilidad de que este asunto llegue al juzgado en esos términos.