Con la puesta al día de las estadísticas de España se reconocerá la existencia de dos millones más de residentes respecto del censo de 1995. La mayoría inmigrantes, con o sin papeles. Una consecuencia inmediata será el aumento de un 4% del PIB. Pero los efectos de haber ocultado la realidad demográfica son muchos más. Desde la desprotección de los inmigrantes indocumentados al ahogo de las autonomías que absorben el grueso del flujo migratorio, que han visto colapsados sus servicios públicos y no han recibido la financiación que les correspondería. Tanto el modelo de financiación como la política de extranjería deberían ser revisados teniendo en cuenta también este país real.
La política de ocultamiento está aflorando estos días en algunas regiones, donde el mecanismo para eliminar las colas de renovación de los documentos de extranjería ha servido sólo para dejar sin atender más de cien mil trámites. La descentralización de las gestiones de inmigración no es suficiente para acabar con este caos. Es necesario invertir más recursos, sobre todo si se han de cumplir los planes del Gobierno de regularizar paulatinamente la situación de los inmigrantes que forman parte, con o sin papeles, de la población activa española.
