WEwn octubre de 1980, el agente extremeño Avelino Palma pasó a engrosar la lista de víctimas del terrorismo etarra. Veintiséis años después, su viuda, Manuela Orantos --exdelegada en Extremadura de la Asociación de Víctimas del Terrorismo-- aún no ha olvidado. Como ella, casi un centenar de familias extremeñas viven las secuelas del terrorismo, un fenómeno global que hoy afecta a prácticamente todas las sociedades. Por su violencia indiscriminada, los actos terroristas pueden provocar respuestas inesperadas y desconocidas en quienes los sufren directa o indirectamente.
Ayudar a esas víctimas es el objetivo que se ha marcado el Gobierno extremeño. Extremadura no es pionera en ese ámbito --Madrid o la Comunidad Valenciana ya han regulado este asunto--, pero sí parece haber asumido un compromiso, por ley, para otorgar a estas familias un sistema de protección e integración social digno. El texto que llega a la Asamblea el próximo día 22 ya ha recibido las bendiciones de los colectivos de afectados. En manos de la Junta quedará, a partir de su aprobación parlamentaria, que la ley no sea sólo una declaración de intenciones y sí un ejemplo para salvaguardar los derechos de aquellas víctimas que siguen confiando en la justicia de un sistema democrático.
