RECORTAZO A LOS CIBERDERECHOS

Con este título tan estrambótico y a la vez reivindicativo, quisiéramos informar a la opinión pública extremeña sobre el grave precedente que se sienta en España, con la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).

Dicha ley, de ámbito estatal, entró en vigor hace pocos meses convirtiéndose en parte del ordenamiento jurídico español. La versión oficial del Gobierno de la nación, fue la necesidad de aprobar un texto legal que regulara y afianzara el comercio electrónico en nuestro país, creando seguridad, despejando incertidumbres y contribuyendo a crear un marco jurídico estable para la sociedad de la información. Por distintas razones que exponemos en el manifiesto anti-LSSI, denunciamos y rechazamos esta normativa contraria al artículo 20 de la Constitución, ya que se restringe, de forma inadmisible, la libertad de información y expresión; además de sustraerse competencias atribuidas al poder judicial, como sería la potestad de los órganos administrativos competentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología de clausurar o suspender la activación de sitios web, sin intervención judicial. Por otro lado, esta norma deja en mano de las poderosas multinacionales el monopolio tecnológico y opinático de la internet española, con el consiguiente empobrecimiento cultural y apertura de la brecha digital. Se considera la información, cualquiera que sea su manifestación, una mera "mercancía" que nos convierte automáticamente en "mercader" a todo el que opere en este ciberespacio recortado y mercantilista.

Por el contrario, la LSSI carece de medidas de fomento social del uso de la red, a nivel cívico, educativo, científico, sanitario, etcétera, dejando en estado de desprotección a los internautas frente a la gran mayoría de las amenazas padecidas (ancho de banda defectuoso, tarifa plana inexistente, indefensión ante las tácticas abusivas de las operadoras...), sólo por nombrar algunas. Además, se establece la retención masiva de datos de tráfico en la red durante un período máximo de doce meses, colocando al internauta en la posición de un sujeto en libertad vigilada, con lo cual, la presunción de inocencia se pone en entredicho, ya que cualquiera resulta actuar de forma delictiva, al intervenir nuestros actos. Esta situación sería similar a la violación de nuestro correo postal, al ser abierto y registrado por funcionarios de Correos y Telégrafos, por si acaso...

Lo dicho, la LSSI no crea confianza y seguridad, ya que los operadores comerciales se sienten inseguros frente a la aplicación de una ley que ni siquiera cuenta con un reglamento. Ante este panorama, habrá operadores y usuarios que opten por la autocensura y la censura previa, retirando voluntariamente contenidos ante el riesgo que puedan ser sancionados con cuantiosas multas.

Tan es así que invitamos a toda la comunidad internauta extremeña a manifestarse en contra de la censura en internet, utilizando medios de protesta virtuales, para evitar la instauración de una "sociedad policial de la información", como diría Javier Echevarría.