La política de recortes presupuestarios que está aplicando la Junta de Extremadura, y de la que la reducción de direcciones generales ha sido la más pregonada pero no la más importante, se va a dejar sentir también en la Educación. Ayer se supo que la Oferta Pública de plazas de Secundaria, FP, escuelas de idiomas y profesores de música que tiene previsto aprobar el Gobierno en los próximos días es sensiblemente menor que la del año 2008: entonces fueron 500 plazas las que salieron a oposición; ahora serán 390.

Los sindicatos han puesto el grito en el cielo y aseguran que con ese recorte no se llegarán a cumplir los objetivos marcados en Educación, un campo manifiestamente mejorable por cuanto la ratio de fracaso escolar o de abandono de la escolaridad tras la etapa obligatoria no son homologables a estándares europeos.

Los sindicatos cumplen con el papel de reivindicar más personal y más empleo para su sector. Pero ese es parte del papel que socialmente tienen asignado. Otra parte es el tener una visión de la realidad que no se quede limitada a su concreto sector de actividad y que ellos asumen que la tienen cuando suscriben acuerdos con los gobiernos y participan en el diseño de políticas sociales. Hasta ahora se ha trabajado con la ecuación de que a más personal, más calidad en la Educación. Sin duda, la ecuación es esencialmente cierta, pero en una situación de crisis como la actual habría que explorar otras vías para que no disminuyera el nivel sin aumentar los gastos de personal. Es un reto que compete a todos. También a los sindicatos.