XLxa democracia no es más que un proceso de autodirección política de la sociedad a través de un Estado representativo. La sociedad es excesivamente compleja para poder tomar decisiones y tiene que sintetizarse políticamente en un Estado que sea capaz de tomarlas por ella. Dichas decisiones tienen que ser tomadas en un régimen parlamentario por poderes de naturaleza política, Parlamento y Gobierno, que sean elegidos directa e indirectamente por los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de sufragio.
Obviamente, el mayor deterioro del sistema democrático se produce cuando se ve afectado el funcionamiento de los poderes de naturaleza política. Es en buena medida lo que ha ocurrido en esta legislatura, en la que se han subvertido los procedimientos constitucionalmente previstos, evitándose la participación parlamentaria en asuntos tan graves como el envío de tropas a Irak o falsificando el ejercicio de todas las funciones parlamentaria, la legislativa, la presupuestaria o la de control gubernamental de formas diversas. Mediante el uso torticero del Senado para aprobar sin debate las medidas más polémicas (la inclusión en la legislación procesal de una norma para poder perseguir penalmente al lendakari Ibarretxe ), mediante el abuso de la ley de acompañamiento a los presupuestos o mediante la reducción a la casi nada de las facultades de control parlamentario impidiendo la constitución de comisiones de investigación o mediante la no remisión o la remisión mutilada de información al Congreso (guerra de Irak, Prestige). Pero el deterioro no ha sido menor en el Poder Judicial y en las instituciones no constitutivas de ninguno de los tres poderes en sentido estricto, pero complementarias de los mismos y sin las cuales ninguna democracia digna de tal nombre puede funcionar.
El Constitucional y el Supremo se han visto degradados en momentos decisivos a la condición de terminales de la Moncloa. Las sentencias de ambos tribunales sobre las agrupaciones de electores en las pasadas elecciones municipales han sido jurídicamente esperpénticas y únicamente cabe explicarlas en clave política. Las decisiones del Tribunal Supremo extendiendo la ilegalización del partido político Batasuna al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak son directamente prevaricadoras. Y sin embargo, con base en ellas se han iniciado acciones penales contra el presidente y dos miembros más de la Mesa del Parlamento vasco.
La traca final del enfrentamiento entre la Sala de lo Civil y el Tribunal Constitucional no ha venido sino a confirmar hasta dónde estaba llegando el proceso de descomposición que se había puesto en marcha. La seguridad es el elemento constitutivo de la libertad ya que, como nos enseñó Montesquieu, la libertad es la "sensación que cada uno tiene de su propia seguridad". Por eso los servicios de información, las fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el servicio exterior son elementos constitutivos del corazón del Estado. En ellos descansa en buena medida la seguridad de todos. Y es de suma importancia que estén al servicio del Estado y no del Gobierno.
Tienen que ser dirigidos políticamente por el Gobierno, pero no pueden ser instrumentalizados por éste para que le digan lo que él quiera oír, o para que callen lo que el Gobierno no quiere que se sepa. Son muchos los destrozos que hay que reparar. No solamente hay que devolver dignidad a la vida parlamentaria. También tienen que recuperar la dignidad el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y la Fiscalía General y el CNI y las fuerzas y cuerpos de seguridad y el servicio exterior del Estado, muy tocado por la gestión del 11-M por la ministra Ana Palacio. Hay que empezar ya.
*Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
