Oreferéndum o referéndum. Con la contundencia de un buen titular, el presidente catalán Carles Puigdemont se ha comprometido a culminar la consulta de independencia en septiembre del 2017. Hay que reconocer a Puigdemont su esfuerzo por ofrecer al Estado un acuerdo para avalar la consulta. Se muestra dispuesto para ello a pactar la fecha, la pregunta y el nivel de participación necesario para que el resultado se considere legítimo desde un punto de vista político. Pero tras la mano tendida, Puigdemont decidió no guardar la ropa, tal vez porque esta sea la única forma de que la CUP le brinde el apoyo que necesita para que la legislatura llegue hasta el verano: o referéndum con el Estado, o referéndum sin él. La contundencia del compromiso no sirve para resolver las dudas que una consulta unilateral despierta, y el presidente no las resolvió en su discurso. Se desconoce, pues, cómo piensan Puigdemont y sus socios sortear las dificultades que ya convirtieron en su momento el 9-N en un «proceso participativo» sin valor vinculante, una manifestación de convencidos más que una consulta. Asumido que es improbable que el Estado se avenga a pactar una consulta, la hoja de ruta soberanista contempla que el RUI sea vinculante y reconocido internacionalmente. Pero su carácter unilateral haría imposible lo anterior. La intervención de Puigdemont es un nuevo paso de la huida hacia adelante del soberanismo, embarcado en una vía unilateral que es una vía muerta de antemano.
