Muchos han sido los cambios que ha experimentado la sociedad española a lo largo de estos últimos treinta años, la situación sociopolítica actual tiene poco que ver con la de aquel lejano 1978, en el que se elaboró y se aprobó nuestra Carta Magna. Por este motivo, se hace necesario iniciar un proceso reformador con el fin de adaptar algunos preceptos constitucionales a la realidad vigente, al tiempo que se corrijan posibles desajustes que hayan ido quedando al descubierto.
Esta Constitución nacida del consenso de las diferentes fuerzas políticas, se gestó bajo el signo del equilibrio y de la moderación, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de todos los españoles, por ello, en el imaginario popular fue adquiriendo el rango de dogma, de paradigma incuestionable, de norma fundamental capaz de regular el funcionamiento de los poderes públicos. Un símbolo equiparable al de nuestro himno y al de nuestra bandera, con fuerza suficiente como para catalogar a los ciudadanos en constitucionales o en anticonstitucionales. Pero una norma no es efectiva y perdurable si no posee la capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias, si no puede ser utilizada como una herramienta más al servicio de la sociedad, por lo que durante este largo periodo de tiempo ha sido necesario realizar cierto tipo de interpretaciones, de ahormamientos, alguno de los cuales pudiera fácilmente haber traspasado la línea divisoria de lo inconstitucional. Por esta razón convendría actualizar alguno de sus principios, ya que es más correcto modificar una ley que se ha quedado obsoleta, que caer en el atrevimiento de vulnerar su filosofía.
XSI NOSx atenemos a los resultados que periódicamente nos ofrecen las encuestas del CIS, la ciudadanía española no considera la reforma constitucional como una de sus prioridades, siendo otros los problemas que más la inquietan, aunque algunos de éstos pudieran ser consecuencia directa de los planteamientos a reformar. Pero sería inútil cualquier intento de modificación que no vaya acompañado de unos mecanismos que garanticen que la Constitución no podrá ser objeto de posteriores cambios sin el consentimiento de todos. Actualmente sólo pueden interponer recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el Estado, las autonomías o un grupo mínimo de 50 parlamentarios, debiéndose hacer este derecho extensible a otros sectores de la sociedad, con la posibilidad de ejercer la labor de equilibrio y salvaguarda.
Una de las reformas que se entiende como más necesaria y urgente es la del Senado, para que ésta sea una cámara de representación territorial, pero primero convendría definir de forma clara el modelo de Estado que queremos para nuestro país, un modelo territorial elaborado con el consenso de todas las fuerzas políticas y aprobado por la mayoría del pueblo español, algo capaz de evitar estas guerras sucias por parte de algunas comunidades, esta lucha unilateral y desigual por arrancar un mayor nivel competencial, esta cesión de transferencias que cada gobierno realiza en función de sus necesidades o conveniencias sin sometimiento alguno ante ningún marco de referencia.
La reforma para establecer la igualdad de género en el orden sucesorio a la Corona cuenta con el consenso de los grandes partidos, pero esta modificación, por cuestión de procedimiento, se ve conveniente que sea aprobada conjuntamente con las restantes reformas. La integración de España a la UE supone una cesión de soberanía no contemplada en nuestra Carta Magna, por lo que a pesar de haberse aprobado la integración en el referéndum y en el Tratado Constitucional europeo, es necesario que este cambio quede reflejado en nuestra Ley de Leyes.
También conviene elaborar una nueva legislación en materia electoral de forma que se evite que algunas minorías parlamentarias tengan un poder desproporcionado, que no se corresponde con el porcentaje de votos obtenidos, basándose en el oportunismo de conformar mayorías parlamentarias. Fruto de los muchos avances experimentados en nuestra sociedad, existen nuevos aspectos que deberían estar contemplados y regulados en la nueva Constitución, como todo lo referente al mundo de las telecomunicaciones, informática, etc., también aquellos cambios propios del actual desarrollo sociológico, como la atención a la tercera edad o a la inmigración.
Urge, pues, abordar reformas para afrontar esta nueva etapa que se abre una vez consolidado el proceso democrático y de integración en Europa, pero la actual situación de desencuentro por la que atraviesa la política española, junto a la inminencia de procesos electorales, no favorece ese clima de consenso tan necesario para que estas reformas puedan llevarse adelante con todas las garantías, por tanto, el inicio de este proceso parece ser que deberá esperar mejores momentos.
*Profesor
