Las épocas de turbulencia no son las más propicias para promover reformas sólidas y perdurables en el tiempo, ya que la inmediatez de las dificultades distorsiona la visión y enrarece el ambiente. Tampoco es lógico que tras década y media de buenos resultados económicos y empresariales, conseguidos al amparo del actual modelo laboral, a las primeras de cambio pretendamos darlo por amortizado y hacerlo quebrar así sin más, como si el recorte de los derechos de los trabajadores fuera el único gozne sobre el que gravita la salida de esta crisis.
Durante la época expansiva muchos de los beneficios empresariales se destinaron al reparto de dividendos y al enriquecimiento en general, descuidando aspectos como el aprovisionamiento, sin embargo cuando el temporal arrecia, se pretende dejar caer toda la responsabilidad de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, como si sus condiciones laborales constituyeran el único lastre que impide que las empresas sean competitivas. Llegando al extremo de identificar la expresión reforma laboral con el recorte de los derechos de los trabajadores y no con la búsqueda de iniciativas nuevas capaces de dar respuestas diferentes a situaciones adversas.
Es justo que el trabajador despedido reciba de su empresa una indemnización como contraprestación por los años trabajados, un complemento del subsidio público. No es lícito que se pretenda ahora reducir el coste de los despidos o eliminarlos, con el pretexto de que el empresariado tenga carta blanca a la hora de contratar. Cuando tantas veces se echaron en saco roto recomendaciones tales como la modernización tecnológica y del tejido industrial; la formación y especialización técnica de los operarios; los escasos recursos destinados a la investigación, a la creación de incentivos para mejorar la eficiencia laboral y la productividad, o para levantar alternativas contra los imponderables que pudieran surgir en tiempos difíciles.
XES CIERTO QUEx tanto la indemnización por despido como cualquiera de los derechos adquiridos suponen para las arcas de las empresas un gasto importante, pero eso no significa que el trabajador tenga que renunciar a ninguno de ellos para favorecer la competitividad de los productos españoles respecto a los del entorno. La economía española tiene un alto grado de temporalidad, con un tercio de su población activa con contratos eventuales, con una mano de obra barata y poco cualificada, lo que favorece un proceso de contrataciones en precario que, al estar exento de despidos indemnizados, suponen una ventaja que atempera una parte del riesgo empresarial.
El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez , que tiene una visión más global y menos politizada del asunto, supedita el crecimiento de la economía española a las reformas laborales y al abaratamiento de los despidos, para ello propone modelos intermedios como el que está vigente en Austria, donde la empresa crea un fondo individual para cada trabajador que le acompañará a lo largo de toda su vida activa, a pesar de que transite por diferentes empresas. Otra opción consiste en fijar una indemnización variable que durante los primeros años es baja, pero que va incrementándose con el tiempo hasta llegar a un tope máximo. Con esta medida se abaratarían los despidos durante los primeros años del contrato, lo que le proporciona al empresario un margen de tiempo para comprobar si el puesto de trabajo o el negocio funcionan, sin tener que asumir un riesgo económicamente irreversible.
Modificar el actual marco laboral supondría añadir más incertidumbre a unos trabajadores ya de por sí preocupados por la actual inseguridad en el empleo, ya que si estas reformas fraguasen, al trauma del despido habría que añadir el de la desprotección. Sin olvidar que el poner al trabajador a los pies de los caballos sería una medida contraproducente que podría despertar en él su conciencia social, creando un ambiente conflictivo nada beneficioso en estos momentos. Si se pretenden buscar soluciones a la actual situación económica, hay que atacar los problemas de fondo y no cebarse absurdamente con el señuelo de la superficie, para ello conviene adaptar nuestras formas de vida a una realidad diferente, donde cada vez tendrá un menor peso el sector de la construcción, el del consumo, los fondos europeos y los créditos bancarios, donde será preciso a veces adoptar el pragmatismo de lo conveniente, aunque sea en detrimento de cuestiones ideológicas o partidistas.
El recorte de las indemnizaciones por despido no supondría en todo caso un ahorro como para romper el maleficio y relanzar por sí solo la economía, se trata más bien de algo gestual, diseñado únicamente para calmar esa fijación obsesiva que anida en la mente de algunos, que aprovechan cualquier signo de debilidad para reafirmarse en unas convicciones cuyo objetivo último es el despido libre. Por eso a quienes defienden los derechos adquiridos de los trabajadores los tildan de demagogos y de electoralistas. Si la salida de la crisis pasa inevitablemente por la austeridad y el sacrificio, deberán recaer estos sobre la sociedad en su conjunto y no sobre un sector concreto que si algún papel ha tenido en esta crisis ha sido el de sufridor.
