Algunos de los problemas que más gravemente afectan a la sociedad española son consecuencia directa de una nefasta Ley Electoral, una ley que puede ser perfectamente modificada o corregida sin necesidad de tener que reformar la Carta Magna, ya que data de 1977, fecha anterior a cualquier proceso constitucional.
Pero para que una modificación resulte efectiva, han de tenerse en cuenta aspectos tales como la representatividad y la gobernabilidad. El actual parlamento español es variopinto y representativo, compuesto por una variada gama de sensibilidades políticas, lo que dificulta en muchas ocasiones el poder conformar mayorías estables. Existen por contra otros sistemas más pragmáticos que han optado por una más eficiente gobernabilidad, aunque sea en detrimento de la heterogeneidad. Lo que debe exigírsele a cualquier modelo es que sea objetivo, transparente y estable, una regla de juego imparcial, consensuada y equitativa.
Si tenemos en cuenta que la democracia sienta sus bases en la soberanía popular y ésta es ejercida mediante la participación en los procesos electorales, llegaremos a la conclusión de que tales procesos deberán ser un reflejo lo más fidedigno posible de la voluntad ciudadana, habiendo de amoldarse a las circunstancias concretas de esta sociedad.
XLA ACTUALx ley fue elaborada hace treinta años, pensada para dar respuesta a las necesidades propias de la época de la Transición, por lo que nació bajo el imperio de la provisionalidad, obedeciendo al deseo de proporcionar una mayor participación a los grupos minoritarios, pero lo que fue válido entonces se manifiesta ahora como inapropiado, provocando un desajuste entre el modelo y la realidad, en cuanto que algunas minorías adquieren un poder que no se corresponde con el porcentaje de votos obtenidos, lo que distorsiona la voluntad libremente expresada en las urnas, además de dificultar el proceso de formación de mayorías estables, debiendo pagar un peaje abusivo a cambio de garantizar una mínima estabilidad.
No se trata de cortarle las alas a los nacionalistas periféricos, ya que éstos contarán con unos cauces de participación democrática en sus respectivos parlamentos autonómicos y en la Cámara Alta, sino de que el partido ganador cuente con la solvencia necesaria como para poder desarrollar su programa de gobierno sin necesidad de tener que apoyarse en nadie, o estar sometidos a otro imperio que no sea el de la ley.
No existe ningún modelo electoral capaz de satisfacer plenamente las expectativas y las aspiraciones de todos, pues cada fórmula cuenta con una serie de ventajas y de inconvenientes, lo que se pretende es encontrar aquel que mejor se adapte a las características propias de nuestro país, para ello es preciso fijarnos en el modelo a doble vuelta francés, que favorece el que en una primera convocatoria puedan participar las diferentes formaciones, pasando a la segunda solamente las dos más votadas, los grupos minoritarios han de pactar los apoyos antes del último proceso electivo, quedando finalmente garantizada una mayoría suficiente.
En el modelo alemán se emiten dos votos, uno personalizado, destinado a elegir al candidato de cada provincia, y otro en el que se vota la lista entera de un partido a nivel nacional, otorgándose la mitad de los diputados a cada una de las dos opciones. Gregorio Peces Barbas , en un artículo publicado recientemente, propuso un modelo parecido, en el que los restos de los votos sobrantes de cada candidato por provincia, se utilizarían para optar con ellos a los 50 escaños que conformarían una circunscripción nacional, siguiendo la proporcionalidad del sistema dIHondt, para ello debería incrementarse el actual número de escaños, que pasaría de 350 a 400, posibilidad que tiene cabida en la actual legislación.
Pero para terminar con este mosaico de pequeñas formaciones en el que se ha convertido el parlamento nacional, se impone como la solución más inmediata y menos traumática, el que para obtener representación parlamentaria, sea necesario contar con un porcentaje mínimo del 10% de los votos escrutados.
La posibilidad de elección mediante listas abiertas, proporcionaría al votante la oportunidad de poder rechazar a un candidato que no sea de su confianza, con lo que el diputado se lo pensaría dos veces antes de dar la espalda al elector y anteponer otras cuestiones a los intereses de éste.
Lo que realmente importa no es uno u otro modelo, sino encontrar un territorio común en el que ninguna formación se vea significativamente favorecida o perjudicada, un sistema de equilibrio que garantice que la decisión final del electorado va a prevalecer, pero que a la vez sea capaz de terminar con esta extorsión a la que está sometida parte de la sociedad española.
La reforma de la actual Ley Electoral debería figurar de forma explícita en los diferentes programas electorales de aquellos partidos que aspiren a gobernar, presentando el modelo alternativo que consideren más acorde con sus estrategias, en la certeza de que esta reforma evitará que un gobierno tras otro queden atrapados como rehenes en manos de formaciones minoritarias.
*Profesor
