En unas jornadas sobre la reforma del la Ley del Suelo de Extremadura, la Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente del TSJEx anunció que en la reforma del código penal que está en tramitación no se va a perseguir a quien edifique sin licencia sino a la entidad que tenga el deber de vigilar y no haga nada por evitarlo. Se produjo un murmullo entre los asistentes, en su mayoría alcaldes. Seguro que todos estaban pensando que, si esto se lleva a efecto, en las próximas elecciones se va a presentar a alcalde "Rita, la cantaora".

Recordé la siguiente escena: un alcalde de un pueblo en donde no existe Policía Local, dando vueltas por el término municipal para ver quién mueve una piedra o un ladrillo y, cuando detecta a alguien, se lo piensa. Si paraliza la obra, se gana un enemigo con todos sus familiares y amigos, por lo que lo tiene claro para ganar las próximas elecciones. Si no lo hace, a la cárcel. Piensa en la mejor solución: ¡Dimisión! Se manda la renuncia a la Junta Electoral y nombran al siguiente en la lista, pero como la construcción ilegal sigue adelante, el siguiente en la lista ni siquiera toma posesión -porque es mejor quedarse en casa que ir a la cárcel-, y esto sigue sucediendo con todos los que restan de la lista.

Como el ayuntamiento se queda sin concejales, porque nadie quiere asumir la responsabilidad de enfrentarse a esta situación, la Diputación tiene que nombrar una Comisión Gestora, pero tampoco nadie quiere enfrentarse a la situación de ir a la cárcel, por lo que el ayuntamiento se queda sin gobierno. Esto pasa en uno, en dos, en tres, en cuatro ayuntamientos. Y entonces, a alguien ya se le ocurre pensar que esta situación no es lógica. En esas, los legisladores se ponen a cavilar y piensan que si esto no funciona es por que algo se debe haber hecho mal. Pero en lugar que reformar el Código Penal deciden que es mejor reformar la Ley de Régimen Local, de tal forma que un alcalde no pueda dimitir en tanto en cuanto exista un expediente de infracción urbanística en marcha y éste no haya logrado la restitución de la legalidad. Conclusión: todos los alcaldes en los que en sus términos municipales haya alguien a quien se le ocurra edificar sin licencia deberán ir a la cárcel, y en las próximas elecciones ¿quién tiene el valor de presentarse a alcalde?: ¿algún fiscal? ¿algún juez? ¿algún diputado? ¿algún senador?

Esto es un poco exagerado, pero ¿no tiene visos de hacerse realidad?